La sentencia fue dictada por el Cuarto Tribunal Penal de Damasco, quien está juzgando los crímenes cometidos durante el Gobierno de Al Asad, tras la finalización de todas las fases del juicio y los procedimientos judiciales relacionados con el caso, según recogió la agencia oficial siria, SANA.
En una sesión presidida por el juez Fakhr al Din al Uryan, el tribunal halló al exmuftí culpable de un "delito grave de agresión que provoca guerra civil y conflictos sectarios", por lo que le sentenció a cadena perpetua.
El juez aseguró que "las pruebas indican que la institución religiosa oficial, encabezada por la Dar al Ifta (Casa de las Fatwas), fue utilizada durante el régimen anterior para "brindar cobertura religiosa a las operaciones militares y de seguridad y justificarlas ante la opinión pública".
Asimismo, señaló que la institución religiosa oficial, dirigida por Hasun, durante el régimen de Al Asad "justificó el uso de bombas de barril que atacaron zonas civiles y causaron una destrucción generalizada, lo que constituye una violación de las normas del derecho internacional humanitario".
"El acusado proporcionó apoyo financiero regular a la dirección y a los miembros de la Brigada de Jerusalén -milicia sirio-palestina que combatió junto al Ejército de Al Asad-, que participó en operaciones militares", leyó el juez.
Por otro lado, "los bienes del condenado serán confiscados. Se procederá a la confiscación de bienes muebles e inmuebles en beneficio del erario público", añadió.
El exmuftí fue detenido por las fuerzas de seguridad internas en marzo de 2025, y su juicio comenzó el pasado 25 de junio cuando la Fiscalía presentó cargos contra él de incitación al asesinato, complicidad en homicidio y abuso de su cargo religioso para obtener beneficios personales y proporcionar cobertura moral, entre otros.
Su sentencia llega una semana después de la condena a muerte a Wassim al Asad, primo del derrocado presidente, acusado también de "crímenes de guerra y contra la humanidad" por el mismo tribunal.
Siria aún no ha promulgado una ley de justicia transicional, lo que significa que estos juicios se rigen por el Código Penal de 1949, una laguna que, según expertos legales y organizaciones de derechos humanos, deja en la incertidumbre el marco jurídico que sustenta las sentencias.