"Los resultados presentados por el Tribunal Superior Electoral (TSE) la noche de la elección coinciden con la información recabada en el terreno por los integrantes de la misión de la OEA. Es importante destacar que la misión no tiene ninguna duda sobre la integridad de los datos oficiales", señala el informe preliminar de los observadores divulgado este martes.
La misión, encabezada por el exsecretario general de la OEA y excanciller chileno José Miguel Insulza, felicitó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección y destacó la capacidad técnica, logística y organizativa de las autoridades electorales.
El líder progresista obtuvo el 51,79 % de los votos en la segunda vuelta de las elecciones, contra el 48,21 % del senador Flávio Bolsonaro, quien adelantó que pretende solicitar la impugnación de la candidatura de Lula por supuestas irregularidades.
El informe de la OEA identifica desafíos institucionales y políticos que, a juicio de los observadores, deben ser abordados para fortalecer la confianza en futuros procesos electorales.
Entre ellos figura la elevada judicialización de la campaña, que puso de manifiesto las tensiones entre la necesidad de adoptar decisiones urgentes y las garantías del debido proceso.
La misión advirtió de que la ausencia de plazos precisos para someter determinadas decisiones individuales de los magistrados a la revisión colegiada puede prolongar sus efectos sin el aval del pleno del TSE.
Por ello, recomendó establecer procedimientos más ágiles y previsibles para resolver las controversias electorales, fijar plazos breves para las decisiones sobre derechos de respuesta y reforzar el diálogo entre el TSE y el Supremo Tribunal Federal (STF), con una delimitación más clara de sus respectivas competencias.
Los observadores registraron el domingo denuncias de dificultades en el transporte gratuito de votantes en varios estados.
En ese sentido, la misión afirmó que la decisión del magistrado de la Corte Suprema Cristiano Zanin de ampliar en dos horas el horario de votación ante las restricciones al transporte público se produjo cuando la jornada electoral estaba llegando al fin.
La decisión generó dificultades operativas, ya que algunas mesas electorales habían cerrado las urnas.
El episodio también puso de manifiesto los desafíos de coordinación entre la Corte Suprema y el Tribunal Electoral en una fase especialmente sensible del proceso electoral.