La Corte IDH publicó este miércoles una serie de medidas provisionales, entre ellas "requerir al Estado de Nicaragua que garantice la vida, la integridad y la libertad personales de E.J.F.C. y sus hijas C.M.F. y M.M.F. y sus derechos a la familia y a la protección de la niñez".
Otra medida es la de "requerir al Estado de Nicaragua que proceda al levantamiento de cualquier medida que encubra el paradero y/o restrinja la libertad y la integridad personales de las beneficiarias E.J.F.C y C.M.F. En el caso de M.M.F., requerir al Estado que cese su situación de aislamiento, garantizándole acceso a educación, salud, actividades recreativas y atención psicosocial".
Este caso se deriva de una demanda en trámite ante la Corte IDH por la alegada persecución contra Santos Sebastián Flores Castillo y su familia, a raíz de las denuncias que él formuló sobre presuntos actos de violencia sexual cometidos contra su hermana E.J.F.C. por parte del presidente Ortega, en el 2005.
En ese contexto, Flores Castillo fue condenado en 2013 a quince años de prisión, en un proceso que, según la denuncia contra el Estado, habría sido fabricado como represalia.
Flores Castillo falleció el 8 de noviembre de 2021 mientras se encontraba bajo custodia del Estado en el centro penitenciario La Modelo.
Las medidas provisionales dictadas este miércoles por la Corte IDH responden a una solicitud de los representantes del caso de Flores Castillo.
En su resolución, la Corte IDH también ordenó al Estado nicaragüense que "haga efectivas las medidas necesarias para garantizar la reunificación de E.J.F.C. y C.M.F. con M.M.F" e "informar de manera oficial e inmediata sobre el paradero y las condiciones en que se encuentran".
Según los representantes de las presuntas víctimas, el paradero de E.J.F.C. y el de su hija C.M.F., de trece años de edad, se desconoce desde el 21 de marzo de 2025, cuando al parecer fueron sacadas de su casa por agentes estatales.
En cuanto a la niña M.M.F., de ocho años de edad, los representantes indicaron que desde la desaparición de su madre, permanece en la casa familiar bajo vigilancia, control y custodia permanentes de agentes estatales, sin acceso de su familia, sin asistir a la escuela desde hace aproximadamente dos años y sin actividades recreativas.
La última información sobre M.M.F. data de mayo de 2026, pues desde entonces toda comunicación habría sido bloqueada, según denunciaron los representantes.
La Corte IDH declaró a Nicaragua en desacato desde 2022, cuando el Estado se negó a cumplir con una serie de resoluciones de medidas provisionales que exigían al Estado liberar y garantizar la vida y la salud de más de un centenar de personas opositoras al Gobierno del mandatario Daniel Ortega que fueron encarceladas.
Desde entonces Nicaragua no responde a órdenes de la CorteIDH ni acredita representantes para las audiencias EFE