El observatorio fue creado junto al Instituto de la Democracia (IDD) y se enmarca en el Plan para la Prevención de la que Violencia Política de Género 2025-2029 que tiene la institución.
Esta herramienta también permitirá a las autoridades "identificar patrones, riesgos y vacíos informativos" sobre la violencia política de género y así fortalecer la prevención.
La violencia política de género es toda acción, conducta u omisión que busca limitar, impedir o menoscabar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, al afectar su participación y permanencia en los espacios de representación, toma de decisiones y ejercicio de cargos públicos, y al incidir en la equidad democrática.
El CNE ya lanzó a inicios de octubre una campaña contra este tipo de violencia, con el objetivo de promover espacios de participación seguros e inclusivos para las mujeres, de cara a las elecciones locales del 29 de noviembre.
Durante el periodo electoral de los comicios presidenciales ecuatorianos de 2025, se identificaron 44 casos de violencia política por razones de género, según un informe de la alemana Fundación Friedrich Ebert.
De ese total, el 53,5 % de los casos se basaron en insinuaciones sobre supuestas relaciones sentimentales o sexuales de las mujeres con figuras masculinas de poder, con el objetivo de desacreditar su liderazgo.
La ley electoral de Ecuador considera a la violencia política de género como una infracción electoral muy grave, que se sanciona con multas de hasta cincuenta salarios básicos, unos 24.100 dólares; y con la destitución o suspensión de los derechos de participación hasta por un año.
Más de trece millones de ecuatorianos están habilitados para participar en las próximas elecciones locales, en las que se escogerá a veintitrés prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos y 457 concejales rurales con sus respectivos suplentes, entre otras autoridades.