Villamayor aseguró que de la reunión registrada la semana pasada entre el presidente de la República, Mario Abdo, y el expresidente Horacio Cartes participaron líderes de bancada, entre diputados y senadores.
“Esa reunión se hizo en Mburuvicha Róga, entonces todo lo que se había dicho de esa reunión en gran medida no es cierto, eso lo agrego yo de mi cuenta. Cuando participan los líderes de bancada y (debido a) la necesidad que tiene el partido de unificar una bancada, se está dando respuesta política a una larga agenda. Yo no puedo circunscribir esa reunión a este hecho de provisión como si esa reunión fuese un hecho mercantil”, aseveró el secretario de la Presidencia.
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Ante las sospechas de que el encuentro pudo estar relacionado a la búsqueda de algún negociado de precios de insumos médicos, afirmó que la reunión no es “un hecho mercantil”.
“Tiene el componente político de la toma de decisiones que guardan relación con una larga agenda que tiene que tratar el Congreso de cara a la crisis económica que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia, respecto a qué tenemos que hacer en este momento y cómo lo vamos a hacer. No tiene nada que ver con un contrato de provisión”, aseveró.
Asimismo, agregó que no fue una reunión secreta, pese a que no figuraba en la agenda diaria del presidente Mario Abdo. “Originalmente se dijo ‘la reunión secreta entre Horacio Cartes y Marito se hizo en la casa de Cartes’. Falso. No hay nada que ocultar. Si hay algo que ocultar no se lleva a tantos parlamentarios”, acotó.
“Naturaleza civil”
Por otra parte, Villamayor habló sobre la conclusión de la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras COVID-19 (CESC), que analizó los contratos cancelados del Ministerio de Salud e indicó que no hubo daño patrimonial.
“Lo que expuso la Comisión, a mi criterio, es claro: si no se recibió y no se pagó, entonces daño patrimonial no debería existir, sin perjuicio de que en este momento entiendo que se está ejecutando la póliza contra el anticipo y la póliza de fiel cumplimiento”, agregó.
En ese contexto, añadió que ahora la empresa tendrá que hacerse cargo de los gastos. “La responsabilidad básica del incumplimiento de un contrato es de naturaleza civil. Si la Fiscalía cree que hay algo más, es ella la que tiene que investigar”, resaltó.
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El ministro dijo que consultará a los miembros de la Comisión qué van a hacer con el dictamen final y si van a presentar algún tipo de denuncia más allá de la investigación administrativa. “Si se quiere investigar desde otro punto de vista, naturalmente se puede hacer, pero el daño patrimonial que es la esencia del problema frente a la administración no se puede producir cuando no se recibe el producto y no se paga”, evaluó.
Consultado sobre la existencia de un intento de daño patrimonial, dijo que la Fiscalía y el Poder Judicial son los organismos que deben investigar en torno a la “intención”, pero administrativamente se juzgó solo el daño producido.
“Sin duda hay un perjuicio, eso no quiere decir ‘daño patrimonial', lo que la Comisión dice es que no hay daño patrimonial, es decir el patrimonio -entendiendo que es el conjunto de bienes de la administración pública- no ha sido dañado”, recalcó.
Sin embargo, manifestó que “las expectativas” fueron absolutamente dañadas en este proceso, debido a que no pudieron adquirirse insumos necesarios para hacer frente a la pandemia. “Hay preocupación y sospechas de participación de personas que no debían haber participado. Claro que se tiene que investigar”, expresó.