La resolución revocada, dictada el 31 de agosto pasado por el juez Humberto Otazú establecía bloqueo e inhabilitación de toda suma de dinero y/o acciones colocadas en entidades bancarias y financiera de plaza y cooperativas e inhibición general de vender y gravar bienes muebles e inmuebles.
La abogada Alba Zaracho recurrió esta decisión, al destacar que la porción de supuesto perjuicio atribuida a su defendida es de US$ 50 mil, por lo tanto la medida cautelar no puede afectar un monto superior al referido. Afirma que se trata de una medida no prevista en la legislación y además, no establece un monto a ser afectado.
El Dr. Arnulfo Arias votó por la ratificación de la resolución, por considerar que las medidas adoptadas son necesarias. Asimismo, recordó la existencia de un antecedente similar (Ramón González Daher).
Sin embargo, los camaristas Bibiana Benítez y Emiliano Rolón votaron por revocar la resolución, tras argumentar que la medida de “bloqueo e inhabilitación de toda suma de dinero y/o acciones colocadas en entidades bancarias y financiera de plaza y cooperativas” no está prevista en el Código Procesal Civil.
Con relación a la segunda medida, los camaristas sostienen que procede únicamente cuando se desconoce la existencia de bienes y cuando no exista embargo.
“(...) los institutos cautelares que mencionan el auto interlocutorio apelado no han sido observados, pues en el mismo se han soslayado aspectos elementales que rigen a la disposición de bienes o limitación patrimonial” concluye Rolón.