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El proyecto que reglamenta (prácticamente elimina) los procesamientos de oficio por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, podría significar una total impunidad para jueces y fiscales, que con sus dudosas actuaciones favorecen, por ejemplo, a narcotraficantes e involucrados en hechos de corrupción pública. En estos procesos, en donde siempre hay fuertes injerencias económicas y políticas, no se cuenta con contraparte, que posteriormente podría recurrir al JEM para presentar una denuncia, como así exige la propuesta de reglamentación (no la ley) de los enjuiciamientos oficiosos.
“Lo que el Jurado debe garantizar es el debido proceso y respetar el derecho a la defensa de los enjuiciados. No estoy de acuerdo con autoeliminar la facultad de iniciar investigaciones de oficio”, dijo una fuente.
Agregó que “si bien es cierto muchas veces se usó abusivamente esa facultad legal, existen casos que llegan a conocimiento público y del Jurado, que obliga una intervención para no dejar impune el presunto mal desempeño de un juez o fiscal”.
Las enjuiciamientos abiertos en base a publicaciones periodísticas, permitieron la remoción o renuncia ante la inminente destitución, por ejemplo de varios jueces de Alto Paraná. Los magistrados, según revelaron las anotaciones, favorecieron al margen de la ley, como quedó probado en juicio, a numerosos narcotraficantes. Estos eran condenados a muy bajas penas, o antes de llegar a la audiencia oral y pública, eran favorecidos con arrestos domiciliarios, cuando la norma prohibe en forma categórica.
Las publicaciones incluso motivaron una intervención de la Corte, que con auditorías que luego se remitieron al JEM, también confirmó el mal desempeño de los jueces del Este.
Solo algunos “apadrinados” por los miembro del órgano juzgador lograron salvarse ya que solo fueron apercibidos, pese a la gravedad de lo cometido.
También las publicaciones periodísticas sirvieron para procesar a magistrados y agentes del Ministerio Público, por actuaciones al margen de la ley, en los casos de abuso sexual en niños.
Los familiares de estos menores, que son de muy escasos recursos, no tienen la más mínima posibilidad de hacer la denuncia ante el Jurado. Sus causas son impulsadas por defensores públicos, como constan en los expedientes del JEM, lo cual los miembros de ninguna manera pueden desconocer.
En el 2015, ante la Comisión de Reforma Judicial, el Jurado de Enjuiciamientos de Magistrados, entonces presidido por Adrián Salas, había defendido la facultad del JEM de enjuiciar de oficio.
Ahora, la mayoría de los miembros del JEM, prácticamente quieren eliminar esa facultad legal mediante un reglamento. El proyecto será debatido y votado el próximo 2 de febrero.
En la sesión del martes pasado, los integrantes del órgano juzgador ya debatieron el tema, pero la aprobación o no de la propuesta se pospuso a pedido del senador colorado Enrique Bacchetta. El legislador es prácticamente el único integrante que defiende la oficiosidad.
Bacchetta apuntó que la ciudadanía espera que el Jurado actúe contra jueces y fiscales que hacen mal su trabajo.
En base al reglamento, que aún no está vigente, el JEM rechazó investigar de oficio los casos audios filtrados, “mecánico de oro” (Migue Ángel Carballo) y San Agustín. El pedido los realizó el ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia.
Respaldo de los jueces y fiscales
Miembros de la Asociación de Magistrados del Paraguay y de Agentes Fiscales, la semana pasada se reunieron con el presidente del Jurado, Fernando Silva Facetti y los miembros, Mónica Seifart y Jorge Bogarín Alfonso.
Los gremios respaldan el proyecto para reglamentar los enjuiciamientos de oficios. Los magistrados y fiscales consideran que en el órgano juzgador se utiliza la oficiosidad para extorsionarlos. Hay miembros que tienen sus propios estudios jurídicos o que trabajan con otros y buscan fallos a favor de los mismos.