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El fiscal Francisco Cabrera, quien sostiene la acusación junto a sus colegas Liliana Alcaraz y Rodrigo Estigarribia informó que en la audiencia de ayer llegaron a producir hasta el tomo 9 de los 80 que tiene el caso del exparlamentario cartista y su hijo, el edil de Luque por el Partido Colorado.
Según la acusación de la Unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía, ambos acusados se enriquecieron de forma ilícita en la función pública. En el caso de OGD, el presunto enriquecimiento ilícito supera los G. 6.000 millones, que no tienen correspondencia y sobrepasan sus capacidades económicas legítimas.
En el caso de Óscar Rubén González Chaves la acusación es por un supuesto enriquecimiento ilícito de más de G. 51.000 millones y 82.000 dólares, mediante cuentas bancarias que de acuerdo a la acusación fiscal no agregó en su declaración jurada que presentó ante la Contraloría General.
El lavado de dinero se habría cometido a través de Príncipe Di Savoia SA, empresa de fachada que fue utilizada para justificar la adquisición de propiedades, pero ni siquiera poseía movimiento en su cuenta bancaria.