Imputan al vicepresidente de la UFI por dilapidación de G. 540 millones

FUERTE OLIMPO, Dpto. de Alto Paraguay (Carlos Almirón, corresponsal). A seis personas imputó la fiscala de la Unidad de Delitos Económicos de Asunción Marlene González. Se trata del actual vicepresidente y expresidente de la Unión del Fútbol del Interior (UFI), Enrique Benítez; del representante de la empresa constructora JCC, Cristhian Paredes, además de Leonardo Servín, Mario Nicolás Heredia, Carlos Díaz y Plinio Torres, estos últimos funcionarios de la UFI y de la contratista.

González señaló que la imputación es por el supuesto hecho de estafa y que la pena máxima a la que se exponen los investigados, en caso de ser hallados culpables, es de cinco años de cárcel y tres años para quienes pudieran ser identificados como cómplices.

Comentó que el proceso se inició tras una denuncia por supuesto mal uso de G. 540 millones que fueron transferidos a la UFI durante la presidencia de Benítez, por la Secretaría Nacional de Deportes (SND), para el mejoramiento del club Fortunato Villalba de esta ciudad. El dinero fue entregado por etapas para la construcción de graderías y sanitarios en la entidad deportiva.

Sin embargo, los trabajos realizados no reflejan el monto recibido por la institución deportiva, de acuerdo a los antecedentes.

Precarios y de dudosa calidad

La primera transferencia de la SNC a favor de la UFI fue de G. 100 millones para el inicio de las mejoras en el club deportivo Fortunato Villalba.

La UFI contrató a la empresa constructora JCC de Cristhian Paredes para los trabajos, pero la contratista desde el inicio se caracterizó por una tremenda lentitud y bastante precariedad. Pese a ello, la UFI no desvinculó a la firma y seguía recibiendo dinero de la SND.

Es así que para el 2018 el monto transferido alcanzaba G. 540 millones, según los informes oficiales.

Además, la UFI recibió de la SND otros G. 50 millones para la construcción de la sede de la Federación de Fútbol del Alto Paraguay. Esta obra quedó inconclusa y luego la Gobernación local tuvo que terminar la precaria edificación.

El importante dinero transferido por la SND a la UFI no se reflejaba en las obras. Esto hizo que los ciudadanos Luis Codas y Gustavo Rodríguez presentaran una denuncia ante el Ministerio Público para el inicio de una investigación.