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La Senac, a cargo del exfiscal René Fernández, emitió un informe de gestión de las denuncias administradas por dicha institución vinculadas al covid-19.
El documento refiere que a través del Portal de Denuncias Anticorrupción se recepcionaron 556 (ver infografía) denuncias ciudadanas referentes a la Ley de Emergencia y a los fondos destinados contra el covid.
El informe aclara que en los canales institucionales se recibieron “denuncias sobre cualquier irregularidad administrativa o posibles hechos de corrupción en la gestión de los fondos” en la pandemia.
En un apartado, señala también que vía telefónica, a través de la línea (0961) 505-660, fueron atendidos 2.230 reclamos derivados a la Secretaría de Emergencia Nacional. Además seis denuncias sobre creación de billetera electrónica (Zimple) Red Bancard, también derivadas al citado ente.
Casos Dinac y Petropar
En un apartado del informe, la Senac alude a los sonados primeros casos de corrupción al inicio de la pandemia en marzo del 2020.
Señala que son investigaciones preliminares iniciadas de oficio y denuncias ingresadas a través del portal: www.denuncias.gov.py, por irregularidades y supuesto incumplimiento de la Ley 2051/03 y contratos asociados a covid-19.
Refiere que tres casos afectan a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) a cargo del Ministerio Público (caso adquisición de mascarillas de oro).
El caso saltó cuando el empresario Ignacio Pidal denunció que el entonces presidente de la Dinac, Édgar Melgarejo (renunció al cargo) le había regateado los precios para conseguir los barbijos a G. 2.700 la unidad, pero que finalmente el ente terminó adquiriendo 4.000 tapabocas a G. 30.000 cada uno. Por este caso está procesado Melgarejo junto con otros cuatro funcionarios de la institución.
El segundo gran caso de corrupción en el comienzo de la pandemia: el caso tapabocas y agua tónica que tumbó a la entonces titular de Petropar, Patricia Samudio.
La Fiscalía presentó imputación contra Samudio y otros 22 funcionarios de la petrolera estatal, por lesión de confianza, que según la investigación del Ministerio Público causó un perjuicio de G. 346.600.000.