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El juicio tiene como protagonistas además a funcionarios del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra. Para Diego Arnildo de los Ríos, exdirector administrativo del ente, Said solicitó 8 años y seis meses de prisión.
Para José Luis Clerch Almada, exjefe de Gabinete del Indert, pidió 3 años y seis meses de cárcel. Mientras que para Pedro Martín Benítez, el representante del Ministerio Público requirió 6 años de cárcel.
En tanto que para Patricia Báez, directiva de la Fundación Cerro Lambaré (Fucela), requirió 1 año de cárcel.
Durante el alegato, el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción pidió condena por los delitos de lesión de confianza, estafa, cohecho pasivo agravado, cobro indebido de honorarios, soborno agravado y asociación criminal.
A su turno, las respectivas defensas expusieron los motivos por los cuales los acusados deben ser absueltos de esta causa.
Tenían previsto terminar el juicio esta madrugada
El juicio oral se extendió hasta cerca de la medianoche del pasado viernes.
El tribunal presidido por la jueza Yolanda Morel, e integrado por las magistradas Elsa García y Claudia Criscioni, tenía la intención de concluirlo en la madrugada de ayer, pero optó por cerrar la jornada, luego de que uno los acusados manifestara molestias, a consecuencia del cansancio por la larga jornada.
El juicio oral se reiniciará este martes, a partir de las 14 horas.
La fiscalía y casi todas las defensas ya alegaron, por lo que resta la exposición del representante de solo uno de los acusados.
Luego se pasará a la etapa de réplica y dúplica. Posteriormente, los acusados tendrán la oportunidad de emitir unas palabras finales.
Finalmente, el tribunal pasará a deliberar sobre este juicio. Uno de los puntos a ser debatidos serán las grabaciones presentadas por la fiscalía.
La acusación contra estas personas se presentó en el marco de una investigación iniciada en el 2021, cuando Vega era titular del Indert, a partir de una denuncia de sobornos y otros delitos para la adjudicación de tierras, en dos causas investigadas: una de US$ 200.000 y otra de US$ 20.000, según los antecedentes.