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“Incautamos un aparato celular durante un allanamiento que realizamos. Él manifestó que lo recibió de otra persona y no era el autor”, explicó el fiscal Joel Cazal en contacto con ABC Cardinal. Ahora, el sospechoso, identificado como Óscar Larrea, está imputado por coacción al presidente de la República y a otras autoridades del orden constitucional.
Según informó el fiscal Antisecuestro, Larrea no puede justificar el audio, pues borró los mensajes y el archivo de su teléfono.
El acusado manifestó que obtuvo el audio de un grupo familiar y que lo único que hizo fue reenviarlo a otros grupos, sin embargo, cuando se le solicitó que mostrase su teléfono celular o conversar con los miembros de su familia para averiguar el origen del material, tampoco aportó muchos datos.
“Le dice al presidente que tiene que renunciar o irse o lo va a matar, no se puede dejar de investigar”, Joel Cazal, manifestó el fiscal.
Al momento de estar en presencia de su abogado defensor durante la declaración, se le volvió a consultar si podía mostrar su teléfono y probar que es real que solo difundió el audio, sin embargo, Larrea había eliminado el grupo, el audio y todos los archivos de su celular.
Cazal presume que hay más personas involucradas en la difusión y autoría de este audio. Personal de inteligencia de la Fiscalía, efectivos Antisecuestro de la Policía Nacional y de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) trabajan en una investigación más profunda.
Se solicitó también vía anticipo jurisdiccional de pruebas la extracción de datos del teléfono del imputado por medios tecnológicos. Esto tiene que ser proveído por el juzgado penal de garantías de la ciudad de Concepción, que debe fijar una fecha para extraer esos datos.
El juez Fabio Cabañas ordenó la reclusión preventiva de Larrea en la Penitenciaría Regional de Concepción, a fin de garantizar su sujección al proceso.
La denuncia llegó a la Policía a través de una persona que recibió el mensaje de Óscar Larrea. Así se comenzó a indagar en la zona donde presuntamente estaba corriendo el audio, pero casi ninguna persona tenía el material, a excepción de Larrea.
El agente fiscal negó que exista animadversión alguna hacia Óscar Larrea por tener el mismo apellido que otras personas relacionadas a la Agrupación Campesina Armada (ACA). Cazal agregó que, de acuerdo a las investigaciones, no hay ningún parentesco entre éste y los Larrea que integraban la ACA.
El investigador se refirió también a los avances de las averiguaciones sobre los cuatro secuestrados. Aseguró que hay un trabajo permanente y que se mantienen en contacto con las familias de las víctimas.
“Hay constantes pedidos de allanamientos. Las informaciones dan veracidad de que las cuatro personas siguen vivas”, manifestó Cazal.
Con respecto a las quejas de la madre de Edelio Morínigo sobre el escaso contacto de la Fiscalía con los familiares, aseguró que hay un contacto constante. “No podemos estar siempre acompañando a la familia, pero la asistencia es permanente”, aseguró.