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Los funcionarios imputados son Aldo Rojas, secretario general de la Municipalidad y los agentes de la Policía Municipal José Reyes, Gustavo Castillo y Javier Saldívar. Estos tres funcionarios, en fecha 2 de agosto pasado, interceptaron colectivos de la Empresa Villa Serrana con el objetivo de hacer cumplir la Resolución Municipal Nº 599/2018.
La firma perteneciente al exsenador Julio ''Pichín'' Quiñónez, colorado cartista, fue inhabilitada por la Municipalidad de Tobatí el 30 de julio pasado por evasión fiscal.
Sin embargo la resolución jamás fue respetada y la empresa siguió operando normalmente cambiando de lugar su terminal.
Los funcionarios se exponen a penas de hasta cinco años o multa por el delito de Perturbación de Servicios Públicos, denunciado por el excongresista. Quiñónez debe aproximadamente G. 85 millones por la patente municipal de su empresa de transporte que no abona desde la instalación de la misma, hace 21 años.