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Los grandes ausentes fueron los referentes del Frente Guasu, quienes al igual que Euclides tienen tiempo hasta el 27 de este mes para definir si se suman o no a la concertación.
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Los del Frente Guasu no están ni dentro ni fuera de la concertación como los mismos integrantes de la nucleación opositora refieren y ya como en el 2006 el mismo Lugo decía: “mbytetépe, poncho juruicha”. En poco tiempo más sabremos si corren o no solos.
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Esta semana podría ser clave en la Cámara de Diputados porque nuevamente un grupo quiere insistir en tratar el proyecto que incluye a tabacaleras y clubes deportivos como sujetos de control de lavado y además el Protocolo de trazabilidad del tabaco.
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Eso sin contar que mañana ya se instala la comisión investigadora antilavado de dinero cuyas conclusiones quieren ser entregadas a organismos internacionales a falta de respuestas de la Fiscalía, a la que de igual manera se le remitirán las conclusiones.
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Muy nervioso andará esta semana el “Patrao” con todos los temas que se quieren tocar y no es para menos con semejante informe que salió a la luz días atrás.
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Los diputados cartistas ya repiten como loros que todo lo que sea ley o comisión antilavado se trata de una persecución política en contra del “Patrao”. Es discurso gastado en boca de quienes no tienen argumentos.
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¿Por qué Guadalupe Aveiro, Juan Acosta y otros “próceres” que responden a Llano y Dionisio dejaron sin quórum la sesión en la que se pretendía tratar los proyectos antivalado? Deberían explicar a la ciudadanía la razón por la cual se oponen.
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Hasta el jueves todos los colorados tienen tiempo para definir las candidaturas que presentarán sean para cargos nacionales o partidarios.
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Esta semana sabremos si finalmente “Marito” decide postularse como presidente del Partido Colorado. Si lo hace, incurrirá en violación de la Constitución Nacional a la que defendió cuando a través de una enmienda “mau” pretendían habilitar al “Patrao” a un segundo periodo.
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La Carta Magna en su artículo 237 es clarísima al establecer que el presidente se debe dedicar con exclusividad a sus funciones.
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El miembro de la Justicia Electoral Jorge Bogarín prometió que revisará el contrato que de forma unilateral firmó Bestard para adjudicar máquinas de votación por un monto máximo de US$ 36 millones.
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Esperemos que realmente lo haga, ya que Bestard estuvo mucho tiempo acostumbrado a manejar tranquila y unilateralmente las finanzas del órgano electoral.
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También se espera que la misma postura “contralora” adopte el nuevo miembro del TSJE, César Rossel, y no se obnubile con el poder, los cupos y los viáticos.
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Hay mucho por transparentar en la Justicia Electoral. Veremos si el cambio sirve para algo.
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Los intendentes del país a full están presionando en plena campaña electoral para que los diputados puedan aprobar un proyecto de ley que extiende un año el mandato de los munícipes. Hablan de equilibrio, ¿y el desequilibrio que ocasionan ellos a los fondos locales? ¡Mama mía!