Los cipayos colonizados lo dicen en inglés, “compliance”, para joderte a vos y no mostrar lo que significa realmente: Fundéu de la RAE establece que su equivalencia y traducción en el ámbito corporativo y legal es “Cumplimiento normativo, cumplimiento”, “acción y efecto de cumplir o cumplirse”.
El pasado domingo expliqué aquí mismo ambos conceptos: “Compliance” impone sistemas de gestión mediante los que las empresas quedan obligadas a que toda su operación, empleados y directivos cumplan con sus normativas y estándares “éticos” dictados mediante el enfoque de “tolerancia cero” imponiendo códigos de conducta, canales de denuncia y sanción para quienes violen dichas normas. “Debida Diligencia” obliga a las empresas a identificar, prevenir, y “mitigar” violaciones en toda su cadena de suministro (proveedores, contratistas y distribuidores) para “detener las prácticas dañinas detectadas y modificar los contratos comerciales para exigir sus estándares”.
Ambos conceptos están siendo incorporados a los códigos penales, es decir se les está dando fuerza de ley, en los países sometidos a la dictadura autodenominada “Unión Europea” desde el establecimiento del “Segundo Protocolo del Convenio sobre la protección de los intereses financieros” de 1997: Francia, a través de la Ley Sapin II de 2016 y la ley sobre el deber de vigilancia; Holanda a través de su Ministerio Público al determinar la culpabilidad penal de la organización; Italia con Decreto Legislativo 231/2001, España con las leyes orgánicas 5/2010 y 1/2015; Portugal con el Artículo 11 de su Código Penal y el “Régimen General de Prevención de la Corrupción”; Bélgica con la reforma penal de 2018. Es lo que terminarán haciendo aquí.
El proyecto es fascista. Lo propuso Benito Mussolini en el Capítulo II, de su libro “La Doctrina del Fascismo”, en el que plantea que el Estado puede “armonizar una sola realidad económica y moral”, integrando a “empresarios y trabajadores bajo una estructura regulada y mediada por el gobierno”, que es lo que propone el globalismo de la mano de Herbert Marcuse y Jean Paul Sartré con la “intolerancia liberadora”, ser intolerantes con las contrarias al concepto de identidad cultural y con el supuesto deber moral de los empresarios de utilizar su posición de supuesto privilegio para ejercer un rol de ingeniería social.
Este es el proyecto que con apoyo del lado paraguayo de Itaipú y del Banco Central del Paraguay está impulsando Cristina Cano, de “Pacto Global Red Paraguay” con su congreso previsto para el próximo 3 de setiembre.
Terminar imponiendo con fuerza de ley a las empresas nacionales el papel, rol y función de agentes policiales de su ideología totalitaria.
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