Itapúa: 400 policías para desalojar a 79 familias que invadieron un terreno privado

A través de un procedimiento fiscal-policial con despliegue de 400 efectivos policiales fueron desalojadas 79 familias que supuestamente invadieron un terreno que figura a nombre del ciudadano belga Luc María Vanryckeghem (62).

El lugar intervenido se encuentra en la compañía Arapoty del distrito de Edelira, departamento de Itapúa. La policía local recibió apoyo de efectivos de Misiones, Ñeembucú, Caazapá y Alto Paraná, además de la Agrupación de Seguridad, del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y la Agrupación Especializada.

El propietario denunció que invasores ocuparon 329 hectáreas de su inmueble, que en total tiene de 1.200 hectáreas. La imposición de cese de la invasión se concretó con la colaboración de los sindicados según el fiscal de la causa, Héctor Garay.

Según el encargado de la fiscalía, el 70% del terreno que estaba ocupado lo utilizarían para alquilar, ya que se verificó que ese lugar había producciones mecanizadas de soja y otros granos, presumiblemente de terceros.

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Desalojo pacífico

Según Garay, los propios ocupantes se encargaron de retirar sus pertenencias y las precarias viviendas instaladas en el sitio. Mencionó que el principal motivo por el que cedieron es porque se vieron sobrepasados por la cantidad de efectivos destinados al servicio.

En ocasiones anteriores, según los intervinientes, no lograron hacer cumplir este mandamiento con 200 efectivos policiales, por lo que redoblaron la cantidad de policías al servicio. Incluso manifestaron que en ocasiones anteriores otros asentamientos apoyaron a los ocupantes para evitar que la fiscalía inspeccione el terreno.

Según el jefe de Prevención y Seguridad del departamento, Luis Bordón, manejaban datos de que estas personas podrían incluso manejar armas de fuego, por lo que tuvieron que redoblar esfuerzos para evitar enfrentamientos o utilizar la fuerza para hacer cumplir el desalojo.

El agente fiscal de la unidad de Mayor Otaño fue asignado hoy para este operativo, porque ayer recusaron al fiscal Luis Albertini de la unidad 2 del distrito de Tomás Romero Pereira.

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Problema social y humano

Tras el operativo las familias quedaron sin resolver la falta de acceso a una vivienda. La comunidad tenía la promesa de que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) compraría la tierra invadida. Según mencionaron, el ente agrario habría presentado una oferta para adquirir las tierras en disputa, pero el propietario habría negado a venderlas.

El fiscal Albertini expresó que este mandato fue suspendido en varias oportunidades por no llegar a un acuerdo con los presuntos ocupantes ilegales. El concejal de Edelira Julián Pereira (FG) afirmó a medios locales que los afectados no fueron notificados del desalojo.

Entretanto, el fiscal Garay expresó que “todos sabemos de dónde venimos y a dónde vamos”, ante la consulta de qué pasará con las familias expulsadas de los terrenos.