“La Fiscalía, que hoy sirve de garrote para quienes pensamos diferente (...) Le decimos al Poder Judicial que hoy hay una terna que integra a Aldo Cantero. Con Aldo Cantero se evidenció de manera pública cómo el abogado denunciante manipuló a la Fiscalía para imputar a un expresidente porque supuestamente le convencí a Estados Unidos, no sé qué cosa”.
Así expresó anoche el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez (2018-2023) en un mitin de apoyo al precandidato a intendente de Coronel Oviedo, Roly Gaona, por Colorado Añetete. En el acto proselitista con miras a las internas municipales previstas para el domingo 7 de junio, asistieron, entre otros, el senador colorado disidente Mario Varela. En tanto, Arnoldo Wiens, presidenciable por Añetete para el 2028 no asistió porque desarrolla reuniones con dirigentes en Capital, según se informó.
Abdo Benítez aludió al cuestionado fiscal Aldo Cantero, promovido el 11 de mayo pasado, durante la sesión ordinaria del Consejo de la Magistratura, a la terna para ocupar el cargo vacante de juez penal de primera instancia de la circunscripción de Capital. El nombramiento queda en manos de la Corte Suprema de Justicia.
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El expresidente Abdo Benítez también se refirió al caso donde fue imputado en marzo de 2024 y la acusación se formuló en marzo de 2025, junto al diputado Mauricio Espínola y otros exfuncionarios de su gobierno en una causa por la supuesta filtración de secretos de servicio. Fue por una acción promovida por el expresidente y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Horacio Cartes, con el patrocinio del abogado Pedro Ovelar.
Tanto Mario Abdo Benítez, senador vitalicio y el diputado colorado disidente Mauricio Espínola, no fueron desaforados.
La defensa de Cartes culpa al Gobierno de Abdo Benítez de la sanción política y financiera impuesta por el Gobierno de Estados Unidos de América (2022 y 2023) al expresidente Horacio Cartes.
Hasta ahora, la declaración de “significativamente corrupto”, impuesta por el Departamento de Estado norteamericano se desconoce si fue levantada, pero las sanciones financieras de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), se dejaron sin efecto, según se informó en octubre de 2025.
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“Canta 50″ y caso Cartes
Con una larga trayectoria dentro del Ministerio Público, Aldo Cantero pasó de investigar causas de criminalidad común a convertirse en el rostro recurrente de las causas vinculadas al poder político. Su carrera no ha estado exenta de polémicas al intervenir en procesos que involucran a figuras de peso en la escena nacional. Uno de sus casos más polémicos guarda relación con la filtración de supuestos chats que lo vinculan de manera directa con el cartismo.
Los mensajes con el abogado Pedro Ovelar sugerían que la imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y otros exmiembros de su gabinete fue “cocinada” y coordinada bajo instrucciones directas del sector cartista. Ante la presión mediática y las evidencias de una supuesta falta de autonomía, Cantero fue apartado de la causa por el fiscal general.
El mote “Aldo canta 50″ es una de las frases más recordadas y polémicas asociadas al fiscal Aldo Cantero, la cual surgió a partir de la serie de publicaciones sobre los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en el año 2017.
La frase proviene de una conversación telefónica grabada entre el abogado Carmelo Caballero y Raúl Fernández Lippmann, quien en ese entonces era el secretario del JEM y mano derecha del fallecido senador colorado cartista Óscar González Daher. En dicho audio, ambos discutían sobre procesos judiciales y la participación de diversos agentes.
Según la transcripción, Fernández Lippmann menciona que el fiscal Cantero podría pedir algún tipo de retribución por sus actuaciones.
Carmelo Caballero responde: “Él canta 50”, dando a entender que ese era el “monto” o la tarifa habitual que el fiscal solicitaba para proceder con imputaciones o diligencias judiciales a medida.
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Abdo pide a ministro de Corte que “no tengan miedo”
En otro momento de su discurso en el mitin en Coronel Oviedo, Mario Abdo Benítez se refirió al Poder Judicial. Dijo que en su mandato dio el acuerdo constitucional a varios de los actuales ministros, aludiendo a Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia, María Carolina Llanes Ocampos, César Diesel Junghanns, Alberto Martínez Simón, Gustavo Santander Dans y Víctor Ríos Ojeda. Es decir, dio el acuerdo a siete de los nueve integrantes de la máxima instancia judicial.
Abdo Benítez dijo que el proceso fue “siguiendo el proceso constitucional” y agregó que no fue “buscando su ministro de Corte. ”Sino fue buscando a alguien que tenga apego a la ley y que solamente defienda la Constitución. No tengan miedo de juicios políticos, van a ser presillas de orgullo si se les echa por defender la justicia y la dignidad de la justicia paraguaya. Se van a ir a su casa tranquilos, se van a ir a su casa tranquilos, pero no se arrodillen ante los poderosos", aseveró el expresidente.
Los fiscales Silvia González, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, y Christian Benítez, de Emboscada, presentaron acusación el martes por revelación de secretos de servicios (art. 315), denuncia falsa (art. 289), usurpación de funciones públicas (art. 241) y asociación criminal (art. 239) del Código Penal, al tiempo de pedir juicio.
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Acusación calcada de la imputación
En marzo de 2025, los fiscales Silvia González, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, y Christian Benítez, de Emboscada, presentaron acusación el martes por revelación de secretos de servicios (art. 315), denuncia falsa (art. 289), usurpación de funciones públicas (art. 241) y asociación criminal (art. 239) del Código Penal, al tiempo de pedir juicio.
El pedido fiscal recayó sobre los exministros del presidente Mario Abdo Benítez, René Fernández de Anticorrupción, Arnaldo Giuzzio de Interior y Carlos Arregui de Seprelad; así como contra los funcionarios de Seprelad Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira; y el exfuncionario de Hacienda, Daniel Farías Kronawetter (fallecido en marzo de este año).
Si bien el escrito cierra una etapa de investigación de un año (seis meses de plazo ordinario y otros seis de plazo extraordinario), este tiene igual cantidad de páginas (60) que la imputación, presentada en marzo de 2024.
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Relato calcado
En cuanto al relato de hechos, en la imputación se describen en 48 páginas, mientras que en la acusación, solamente en 12. Sin embargo, la forma en que la Fiscalía presentó el relato fáctico en esta causa, es calcada del documento que dio inicio a la pesquisa.
Una de las diferencias entre ambos escritos son los ilícitos atribuidos, pues en la imputación, además de los ya citados, estaban la revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (art. 148), inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318) y simulación de hecho punible (art. 291).
Otra de las variaciones que presenta el requerimiento es el ofrecimiento de pruebas, que necesariamente debe incluir un escrito fiscal que cierra una pesquisa.
Entre los elementos ofrecidos, se citan el soporte magnético sobre la exposición del entonces ministro Arnaldo Giuzzio ante la Comisión Permanente del Congreso, en relación con las operaciones sospechosas de Tabesa; copias de los decretos de nombramiento de los ministros de Mario Abdo Benítez; publicaciones periodísticas sobre la denuncia de Giuzzio contra Horacio Cartes; además de informes de la Seprelad sobre la no existencia de registros sobre sumarios e investigaciones internas relacionadas con las filtraciones; y que los equipos informáticos tienen bloqueo para el uso de dispositivos de almacenamiento.
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Hechos atribuidos a los acusados
Según la acusación presentada, la conducta de Carlos Arregui se encuadra en la asociación criminal, pues, siendo ministro de Seprelad, junto con los otros acusados conformaron un grupo que integraron otros ministros del gabinete del entonces presidente Mario Abdo Benítez y funcionarios de Seprelad, con el fin de iniciar acciones penales contra Horacio Cartes.
Describen además los fiscales que Arregui dio acceso a funcionarios ajenos a su entidad a información confidencial, entre ellos al exministro de Anticorrupción René Fernández, al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio y al funcionario de Hacienda comisionado a la cartera de Interior, Daniel Farías Kronawetter.
Siempre según la acusación fiscal, la revelación de secretos de servicio se configuró cuando los exministros Arregui y Giuzzio filtraron a medios de prensa y otras autoridades, entre ellas el entonces presidente Mario Abdo y su secretario privado Mauricio Espínola, quienes expusieron en un discurso y en su cuenta de “X”, respectivamente, datos que solamente constaban en el informe de Seprelad, considerados de carácter confidencial. Según el escrito, Arregui incorporó en el informe datos que no fueron solicitados por la Fiscalía panameña sobre Cartes.
En cuanto a la usurpación de funciones, para la Fiscalía se dio cuando Carlos Arregui consintió que Carmen Pereira presente a Daniel Farías como funcionario de Seprelad y, así, tenga acceso a datos confidenciales.
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En relación con los otros acusados, para los investigadores tanto Guillermo Preda como Francisco Pereira Cohene habrían elaborado el informe de inteligencia N° 10/2022, referenciado en la Seprelad como “MARA041922MP”. De hecho, según refirieron en el escrito, Preda remitió al analista Derlis Ruiz, un archivo en formato Word denominado: “AAA_INFORME_DE_INTELIGENCIA_AAA_MJ”, que habría sido creado por Farías, pero editado luego por René Fernández y que sirvió como proyecto de informe de inteligencia con datos tergiversados, que se filtró.
La denuncia falsa, en este caso se atribuye a Preda, porque fue uno de los que elaboró el informe, con datos tergiversados, que luego se envió al entonces fiscal de UDEA, Osmar Legal, con relación a movimientos financieros de Horacio Cartes.