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El Ministerio Público ya formuló imputación contra un total de 1.240 personas que no cumplieron con las normativas dictadas por el gobierno en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Las personas siguen trasgrediendo las restricciones a pesar de todo el riesgo que significa para la salud pública y la enorme pérdida económica que ya ha resultado para muchos trabajadores.