La Semana Judicial

El Tribunal de Apelación, 3ª sala, ratificó el rechazo de un incidente de prejudicialidad planteado por la defensa del empresario brasileño Jair Antonio de Lima, propietario del Frigorífico Concepción, y el gerente de la misma empresa, César Augusto dos Santos Toledo. Básicamente, la defensa argumentó que se trataba de una cuestión que debía ser discutida en el ámbito administrativo y no en el penal, pues el contrabando que le imputan es consecuencia de una infracción aduanera y, por lo tanto, la Dirección Nacional de Aduanas debe expedirse primero. Los camaristas Agustín Lovera Cañete, José Waldir Servín y Cristóbal Sánchez concluyeron que dicho incidente no puede prosperar, porque se trata de cuestiones totalmente distintas y citaron jurisprudencia de la CSJ al respecto.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó un hábeas corpus genérico a favor de Juan Arrom (foto) y Anuncio Martí, acusados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, quienes se fugaron del país en vísperas del juicio oral y público, en agosto del 2003. La defensa argumentó que la causa penal que afrontan está prescripta y, por lo tanto, la orden de captura dictada es ilegítima. Sin embargo, los ministros Miryam Peña, Gladys Bareiro y Sindulfo Blanco coincidieron rechazar dicha pretensión. Arrom, Martí y Víctor Colmán -exactivistas de Patria Libre, extinto partido de izquierda de cuyo brazo armado surgió el autodenominado grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)– están acusados por el plagio de María Edith Bordón de Debernardi, secuestrada el 16 de noviembre de 2001 y liberada el 19 de enero de 2002, previo pago de un millón de dólares.

El exmilitar Darío Rubén Colmán, condenado a 20 años de cárcel por el crimen de su exnovia, la universitaria Luz María Ruiz Díaz Subeldía en el 2002, fue beneficiado con la libertad condicional por disposición del Tribunal de Apelación, 3ª sala. La jueza Yolanda Morel estableció una serie de medidas que deben ser cumplidas durante un periodo de 3 años, entre ellas prohibición de contactar por cualquier medio con familiares de la víctima, prohibición de salir del país y obligación de prestar servicios comunitarios a la municipalidad de Ñemby. La víctima tenía 19 años, estudiaba la carrera de Matemáticas y fue ultimada por Colmán ante su negativa de retomar la relación, que la joven cortó debido a los celos excesivos del ahora condenado. El crimen se materializó el 20 de noviembre del 2002 y el cuerpo de la joven fue enterrado en Paraguarí.

El exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón fue trasladado de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú a Viñas Cue, por disposición de la jueza María Gricelda Caballero y a pedido del abogado defensor Mario Elizeche Baudo, que argumentó que la vida de su cliente corría peligro. La fiscala Carmen Gubetich de Cattoni no se opuso al cambio de lugar de reclusión del procesado, y en un escrito, la Dirección de Establecimientos Penales aclaró que ningún penal dependiente de esa dirección estaba en condiciones de brindarle seguridad al ex fiscal general del Estado. La jueza Caballero decidió finalmente enviar a Díaz Verón al reclusorio militar. El ex fiscal general fue imputado junto a su esposa María Selva Morínigo por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por no poder justificar G. 6.000 millones de su patrimonio. La mujer tiene arresto domiciliario.

La Cámara de Apelaciones, integrada por los camaristas Cristóbal Sánchez, Agustín Lovera Cañete y José Waldir Servín, confirmó las condenas de los dirigentes de la Fenaprofhp por el desvío de más de G. 68.000 millones que debían utilizarse para pequeños agricultores rurales en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. El Tribunal de Alzada consideró la correspondencia de las penas impuestas a los dirigentes de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofhp), Silvio César Riveros, Lidio Irala, Ignacio Acuña y Luis Piccardo, presidente, vicepresidente, tesorero y contador, respectivamente, sentenciados a 11, 9, 9 y 7 años de cárcel, en ese orden, y enviados a prisión. Esta es la causa en la que el parlasuriano Enzo Cardozo, Rody Godoy (exministros) y Maristela Azuaga siguen chicaneando y evitando ser juzgados.