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29 de Marzo de 2019 11:00

 

31M: ambición, fuego y sangre

Por Graciela Galeano Ovelar

La búsqueda de la reelección presidencial derivó en consecuencias que nadie podía imaginar aquel 31 de marzo. El Congreso en llamas, un diputado herido, destrozos y un muerto. A dos años de la trágica jornada, el deseo de justicia sigue siendo un anhelo.

Ese viernes de 2017, parecía una mañana cualquiera: soleada y cálida, con un tráfico pesado en el microcentro capitalino, como de costumbre, aunque ya se podía percibir una fuerte tensión en la atmósfera política.

La ambición del entonces mandatario nacional Horacio Cartes (ANR) de ser reelegido para otro periodo presidencial se acentuaba con fuerza en el Congreso Nacional.

Desde el inicio de esa semana, la crispación política fue en aumento gradualmente, puesto que el martes 28, en una sesión paralela en la bancada del Frente Guasu, un grupo de senadores modificó su reglamento interno con el único objetivo de dar curso a este proyecto.

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A su vez, también fue creciendo la conciencia ciudadana de que una reelección presidencial, vía enmienda de la Constitución Nacional, atentaba contra el espíritu de los constituyentes del '92, por lo que la única vía para acceder a esta era la reforma.

Toda la incertidumbre y la tensión de la semana se acentuaron ese viernes 31 de marzo. El caos tuvo un puntapié cuando, pasadas las 15:00, 25 senadores decidieron aceptar el proyecto de enmienda nuevamente en una sesión paralela en la bancada del Frente Guasu, sin el titular del Congreso.

La convocatoria ciudadana fue automática: varias personas empezaron a llegar a las inmediaciones de la sede parlamentaria, zona en la que empezaron a generarse conflictos entre la Policía y los manifestantes.

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Además, dirigentes del Partido Liberal, entre ellos el titular del partido, Efraín Alegre, quien tenía aspiraciones presidenciales, se unieron a la protesta.

Tras unos empujones entre la Policía Antidisturbios y los integrantes de la oposición, el suboficial Benito Sanabria disparó en el rostro al diputado Édgar Acosta con balines de goma.

Las imágenes impregnadas de sangre recorrieron los medios en cuestión de minutos y más policías llegaron para proteger la sede parlamentaria, así como también la masa ciudadana fue aumentando en los alrededores para exigir que se respete la Constitución.

Unas horas más tarde, la situación se descontroló y el microcentro capitalino se convirtió en una guerra campal: la gente corría en distintas direcciones, algunas personas empezaron a extraer fragmentos de ladrillos y piedras de todas partes y se quemaron varios vehículos que estaban estacionados en las plazas.

Pasadas las 19:00, como nunca antes había ocurrido, los uniformados permitieron que algunas personas ingresen hasta las instalaciones del Congreso y, en cuestión de minutos, saquearon las oficinas de los legisladores y el edificio empezó a arder en llamas.

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La imagen se reproducía en diferentes canales de televisión, mientras los espectadores de todo el país observaban incrédulos lo que se asemejaba a una película de ficción.

La Policía evacuó a las personas que seguían dentro del Parlamento y los periodistas trataban de hacer su trabajo de reportar los hechos ante el peligro de ser alcanzados por algún balín de goma o un cascotazo.

El escenario parecía un dejavú de otra triste faceta de nuestra historia, conocida como el Marzo Paraguayo. Mientras que al otro lado de la ciudad, el gobierno del presidente Horacio Cartes inauguraba con bombos y platillos el superviaducto.

Ya hacia el final de la jornada, un grupo de personas fue corriendo a refugiarse en la sede del PLRA. Minutos después, los antidisturbios irrumpieron en el local de manera violenta y uno de ellos disparó de espaldas a Rodrigo Quintana, dirigente liberal de 25 años, quien trataba de refugiarse. El mismo fue auxiliado recién después de 20 minutos y falleció en esa fecha.

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La mañana siguiente de ese 1 de abril fue desoladora: el microcentro quedó destruido, muchas personas quedaron heridas, una familia y sus correligionarios lloraban la pérdida de una joven vida, las cenizas se disipaban en el Congreso y allegados de unas 200 personas, que fueron detenidas, trataban de saber algo de sus seres queridos.

Tras una trágica jornada, Cartes finalmente debió renunciar a su intento de pugnar por otro periodo presidencial, lo cual ya no pudo borrar la profunda huella de una fecha marcada para siempre en la historia de nuestro país.

¿Qué pasó con la justicia?

Esa es probablemente la principal pregunta que se hace la mayoría de los protagonistas de estos sucesos, desde hace dos años. En torno a esas dos fechas se abrieron varias causas, algunas de ellas fueron desestimadas, solo una culminó con una sentencia, mientras que la muerte de Quintana sigue sin ser aclarada:

1. Édgar Acosta

La única que quedó resuelta corresponde al caso del diputado liberal, quien debió someterse a varias cirugías para recuperarse por el disparo que recibió en la cara por parte del suboficial Benito Sanabria, quien fue condenado a 12 años de cárcel.

2. Bombas molotov

El otro caso abierto corresponde a los explosivos caseros que supuestamente se prepararon en el PLRA. Por este hecho fueron imputados y acusados: Stiben Antonio Patrón, Luis Osvaldo Sánchez, Brian Esteban Martínez y Rubén Moisés Galeano Cáceres. El pasado 13 de febrero, el juez Gustavo Amarilla decidió elevar esta causa a juicio oral y público.

Para el efecto serán convocados como testigos el expresidente Horacio Cartes y su exasesor José Ortiz. 

Nota relacionada: Bombas molotov: Cartes será llamado a testificar

3. Perturbación a la paz pública

Este proceso fue abierto por el ingreso a la sede parlamentaria y los destrozos causados. La causa fue elevada a juicio oral y público por el juez penal de Garantías Gustavo Amarilla el 24 de setiembre del año pasado. Los acusados son: Stiben Patrón, Nelly Carlota Cortesi, Roberto Rojas y Marlene Tatiana Orué. Los otros que fueron imputados en un principio, más tarde lograron ser sobreseídos.

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4. Rodrigo Quintana

En el marco de la investigación del asesinato del dirigente liberal abatido fueron imputados: Tomás Ramón Paredes Palma, Guido Armando Amarilla, al suboficial Arnaldo Báez y Gustavo Adolfo Florentín; este último es el único acusado por homicidio, porque la Fiscalía sostiene que supuestamente fue él quien disparó.

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A su vez, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento de los otros tres, lo cual el juez Alcides Corbeta debe determinar en una audiencia, que hasta el momento no se logró hacer porque el magistrado fue recusado por séptima vez.

Según el abogado Guillermo Duarte, representante legal de los padres de Rodrigo, la expareja del joven fallecido, Leticia Redes, desea sacar a sus progenitores del juicio, puesto que ellos buscan que la investigación se amplíe y se investigue quién dio la orden para atropellar el PLRA.

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Al respecto, la Fiscalía había descartado investigar el cruce de llamadas que hubo esa noche antes del atraco a la sede partidaria, puesto que, según datos, se registraron conversaciones telefónicas entre José Ortiz, gerente de Tabesa, el entonces jefe de Estado, Horacio Cartes, y el entonces comandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo.

Sin embargo, a dos años del hecho, la justicia sigue estancada en el limbo por la pérdida de una inocente vida, además de la duda de quién dio la orden de desproteger el Congreso y de atropellar el PLRA con balas de plomo.

 
 

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