La historia de la abogacía es la historia de la civilización misma. Desde los primeros defensores improvisados en la Grecia clásica hasta los advocati romanos, la profesión se fue moldeando como un oficio de honor, disciplina y conocimiento. Roma, con su vasto ordenamiento jurídico, no solo perfeccionó la práctica, sino que la reguló con severidad: bajo la Lex Cornelia de falsis quien fingía ser abogado sin título enfrentaba destierro, multas, castigos físicos o la deportación. La abogacía se convirtió en una profesión forense, inseparable de la retórica y del estudio sistemático del derecho.
La historia también recuerda episodios legendarios: Friné, cortesana cultivada, acusada de impiedad se enfrentaba a la pena de muerte defendida por Hipérides; al ver que el jurado no iba a absolverla por argumentos racionales, tomó una decisión drástica; desnudó el torso de Friné hasta mostrar sus genitales ante los jueces. También está el caso de Agnódice, que desafió las prohibiciones contra las mujeres en la medicina. Durante el juicio ante el tribunal del Areópago, Agnódice se levantó la túnica para desvelar que era mujer.
La abogacía romana alcanzó un nivel de perfección que cimentó las bases de la profesión moderna. La formación jurídica se vinculó a la retórica y, más tarde, a estudios sistemáticos del derecho. El emperador León exigió pruebas de acceso y diplomas para ejercer, mientras Quintiliano fijaba el ideal del abogado como bonus vir, un hombre bueno y digno de confianza. Fingir ser abogado podía acarrear destierro, multas o castigos físicos. La Lex Cornelia de falsis, promulgada por Sila, castigaba severamente la falsificación documental y el ejercicio fraudulento de la abogacía, llegando a imponer la deportación a una isla.
Ese legado no es un mero dato histórico: es la raíz de la confianza pública en quienes ejercen la defensa de derechos. Hoy, el intrusismo profesional sigue siendo delito penal. Atribuirse un título falso no solo vulnera la ley, sino que erosiona la confianza pública en las instituciones.
El caso del senador Hernán David Rivas (ANR, cartista), que habría presentado un título falso para acreditarse como abogado y representar al Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento, es un golpe directo a esa tradición. La prescripción de causa, su negativa a demostrar cómo obtuvo el título y su amenaza contra una fiscala revelan una conducta que degrada la ética pública. Más grave aún es la indiferencia institucional de la Cámara Alta que no se inmuta haber sido representada por alguien sin formación jurídica sin descontar la minimización del Presidente que lo mantiene en su entorno.
Ciertamente la calificación de “escandalización selectiva” pretende desviar la atención del núcleo del problema: la eventual falsedad o irregularidad en un título académico presentado por un senador de la República. No se trata de una “escandalización”, sino de un cuestionamiento fundado en la necesidad de transparencia y probidad. No es un asunto menor ni un simple error administrativo. Afecta directamente la confianza en las instituciones y en la idoneidad de quienes legislan. Calificar la reacción como “selectiva” implica sugerir que se toleran irregularidades en otros ámbitos, lo cual carece de sustento. Finalmente y al respecto el Presidente debe entender definitivamente que control social y mediático sobre los actos de los representantes es un derecho democrático. Minimizarlo como “escandalización” equivale a deslegitimar la vigilancia ciudadana y a debilitar la cultura de responsabilidad pública.
Ya lo dijo Gaetano Scherillo: “Se puede ser abogado sin saber Derecho Romano, pero jamás un jurista verdadero si no se conoce esta disciplina”.
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