Dionisio Borda

Plantearse la sostenibilidad del modelo de desarrollo económico de mediano y largo plazo resulta pertinente en este momento, cuando un gobierno termina su administración y otro está por iniciar la gestión de las políticas públicas. Tanto la matriz productiva como el sistema tributario presentan fuertes sesgos que privilegian a un sector minoritario a expensas del medio ambiente y en detrimento de los grupos más vulnerables de la población. Publicaciones recientes de organismos internacionales llaman la atención sobre estos riesgos que ponen en entredicho la sostenibilidad de nuestros recursos naturales y la cohesión social.

La estabilidad macroeconómica, fiscal y financiera es un logro que el Paraguay mantiene desde el año 2003. También el crecimiento económico fue favorable en el último quinquenio, a pesar de las situaciones adversas en la región. Sin embargo, persisten las distorsiones en el manejo de las instituciones y en el uso de los recursos, que son resultados de la corrupción; de la subutilización de la fuerza laboral que resta crecimiento y bienestar a la sociedad; y, de la exclusión de los beneficios de la prosperidad que muchos compatriotas sufren debido a la situación de pobreza y desigualdad. Estas situaciones dan lugar a demandas que se expresan de diferentes formas, pero que son escasamente respondidas por causa de la debilidad de las instituciones del Estado, la crisis de los partidos políticos y la indolencia de la sociedad.

En los tiempos electorales, en lugar de ser gestionado como un instrumento para implementar buenas políticas públicas, a menudo el presupuesto estatal es utilizado como un medio más para captar adeptos. El Poder Ejecutivo y el Congreso se disputan en otorgar concesiones graciosas a diferentes sectores, con el afán de ganar votos. Los dirigentes de los partidos hacen a un lado su compromiso de priorizar los recursos para el desarrollo, de trabajar por la equidad social, de encarar los problemas estructurales o de controlar las consecuencias de las malas decisiones políticas. Lo único que les importa es ganar las elecciones y, entonces, son las políticas sectarias las que priman a la hora de tomar decisiones presupuestarias. 

La agricultura es una actividad económica de alto riesgo por su fuerte exposición a los cambios del clima y a la volatilidad de los precios. El acelerado deterioro del medio ambiente y la creciente globalización de los mercados no hacen sino acentuar cada vez más su vulnerabilidad, principalmente para los pequeños productores del campo, quienes generalmente no tienen como defenderse de los choques externos.

A pesar de la situación regional adversa y de la retracción de los precios de los productos básicos, el promedio del crecimiento económico del Paraguay en el periodo 2013-2016 fue bastante alto, situándose en 6,45% anual. La expansión del Producto Interno Bruto (PIB) y el paulatino mayor nivel de educación tuvieron, sin embargo, escaso impacto en los segmentos de la población de menores ingresos. Esta paradoja de más crecimiento económico y mayor nivel de escolaridad, pero con persistencia de la precariedad del mercado laboral, obedece a la alta concentración de la matriz productiva en pocos rubros no intensivos en mano de obra, a la rápida migración rural-urbana con mano de obra no calificada y a la falta de políticas públicas enfocadas en resolver los problemas de falta de coordinación entre la demanda y la oferta laboral.

La seguridad social como derecho jubilatorio constituye una de las conquistas más importantes de los trabajadores en relación de dependencia laboral, que en el Paraguay está vigente desde mediados del siglo pasado. Este derecho es el que proporciona al trabajador las condiciones financieras básicas para mitigar sus necesidades cuando su ciclo de vida laboral llega a su fin. Sin embargo, a pesar de que han transcurrido ya casi 75 años desde la creación del Instituto de Previsión Social (IPS), no hubo en el país un avance significativo de este instrumento de protección social, porque la gran informalidad del mercado laboral mantiene fuera del sistema a la mayoría de los trabajadores asalariados y porque ellos desconocen los beneficios de la jubilación.

El atropello a la Constitución Nacional y a las reglas jurídicas configurado por el proyecto de enmienda y los procedimientos para impulsarlo desataron una crisis política que está bloqueando el debate abierto y la construcción de consensos, propios del sistema democrático.

La baja cobertura de la seguridad social obedece a múltiples causas. Las principales están vinculadas con la informalidad del mercado laboral, que no permite generar el ahorro previsional para financiar una vejez digna; otras derivan de la incertidumbre creada por las rotaciones laborales entre la formalidad, la informalidad y el desempleo durante el ciclo de vida de las personas; o del bajo ingreso salarial que limita la posibilidad de cotizar en el sistema jubilatorio, así como de la escasa información sobre el funcionamiento del seguro, que se suman a las debilidades propias del sistema de la seguridad social. En un extremo están los funcionarios públicos que cotizan en el sistema de pensiones y en el otro los trabajadores rurales y los trabajadores informales que no tienen acceso a ningún programa o fondo de jubilación.

Al cierre del primer semestre de 2016 la economía paraguaya presenta sólidos fundamentos macroeconómicos, con un crecimiento similar al del año pasado. Sin embargo, persisten los problemas estructurales de la escasa diversificación de la producción, la desigual distribución del ingreso, el débil desarrollo institucional, la limitada capacidad de gestión pública y el alto nivel de pobreza.

La deuda y las inversiones públicas están aumentando durante la administración del actual gobierno. No caben dudas de que dedicar más recursos financieros para paliar el déficit en infraestructura contribuye al desarrollo económico del país, pero también es cierto que el rápido crecimiento de la deuda constituye un riesgo fiscal de mediano plazo en las actuales condiciones de escasa recaudación tributaria y de incertidumbre en el mercado financiero internacional. Otro riesgo son las fallas en la calidad de las obras públicas debidas a la limitada capacidad de gestión del sector estatal para cumplir eficientemente la ejecución de las construcciones.