Manejo presupuestario en tiempos electorales

En los tiempos electorales, en lugar de ser gestionado como un instrumento para implementar buenas políticas públicas, a menudo el presupuesto estatal es utilizado como un medio más para captar adeptos. El Poder Ejecutivo y el Congreso se disputan en otorgar concesiones graciosas a diferentes sectores, con el afán de ganar votos. Los dirigentes de los partidos hacen a un lado su compromiso de priorizar los recursos para el desarrollo, de trabajar por la equidad social, de encarar los problemas estructurales o de controlar las consecuencias de las malas decisiones políticas. Lo único que les importa es ganar las elecciones y, entonces, son las políticas sectarias las que priman a la hora de tomar decisiones presupuestarias. 

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Este año, la disputa presupuestaria comenzó ya con el veto total del Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2017, situación que generó un récord de pedidos de ampliaciones y reprogramaciones de los gastos que debieron y todavía deben ser procesadas en el Congreso. Una engorrosa tarea que en la práctica resta eficiencia al Ministerio de Hacienda y sobrecarga la agenda legislativa. Los datos preliminares indican que el PGN 2016 adoptado en el ejercicio fiscal 2017 fue incrementado ya en US$ 539 millones hasta junio de este año, y están en lista de espera unas setenta solicitudes de ampliaciones pendientes de trámite. Todo esto no hubiera tenido lugar si el Ejecutivo y el Legislativo hubiesen sido capaces de llegar a un acuerdo sobre el proyecto de PGN 2017 que finalmente no entró en vigencia, pero se impuso la confrontación política que causó un retraso significativo en la ejecución presupuestaria, con derivaciones negativas para la economía. 

Tampoco dejan de llamar la atención los nombramientos de funcionarios contratados con más de cuatro años de servicio en distintas reparticiones del Gobierno. La así llamada desprecarización laboral es una iniciativa interesante, siempre que se ajuste a los concursos de méritos y aptitudes, pero su implementación rápida en épocas electorales puede convertirla en instrumento de favoritismos políticos. También está a la orden del día la alteración de la matriz salarial con concesiones abiertas y encubiertas de bonificaciones, gratificaciones y subsidios que complican aún más los errores de origen del mencionado instrumento. 

Como es recurrente en tiempos electorales, los actos de entrega de la pensión de adultos mayores, de las transferencias monetarias de Tekoporã o de viviendas populares son utilizados como campaña política. Cuando, en realidad, estos beneficios no son favores del Gobierno, sino derechos adquiridos de los segmentos más desprotegidos de la sociedad, a los que el Estado debe asistir por obligación. 

Ya se deja ver, también, la arista política del Presupuesto General de la Nación 2018. En líneas generales el proyecto remitido al Congreso se ajusta a la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero el Gobierno se adelantó en conceder un aumento salarial del 12% a los maestros, rompiendo el esquema de incentivos para mejorar el desempeño del magisterio, vinculando abiertamente tal decisión con la campaña del candidato oficialista. 

El estudio del PGN 2018 apenas empieza. Quedan por verse todavía los excesos que podrían darse en el manejo presupuestario frente a las demandas de más recursos en un marcado clima electoral. Esta primera etapa del proceso de aprobación legislativa se suele caracterizar por la indisciplina de las instituciones del Estado que, en sus presentaciones ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, piden más recursos, más cargos y aumentos de salarios que recargan los gastos rígidos del Gobierno. Todos los altos funcionarios de la administración pública que acuden a la Comisión Bicameral parecen olvidar que el presupuesto fiscal es un proyecto de ley del Poder Ejecutivo. No respetan las previsiones de recursos disponibles ni los límites establecidos por el Ministerio de Hacienda, en abierta trasgresión a las normas establecidas por el propio Poder Ejecutivo. 

Es probable que el Congreso Nacional trate de disminuir el endeudamiento del país por la vía de la emisión de bonos, pero los parlamentarios también deberían insistir en la necesidad de aumentar la ejecución presupuestaria, de incrementar las recaudaciones tributarias y de disminuir las reiteradas ampliaciones presupuestarias durante el año fiscal. 

En un año electoral el Poder Legislativo está más expuesto, y es más vulnerable, a las presiones por aumentos de salarios, la creación de más cargos y las recategorizaciones del personal. Lo estamentos del sector público, que ya lograron con el Poder Ejecutivo un reajuste del salario mínimo, seguramente tratarán de obtener mayores beneficios en la instancia legislativa. Y, movido por intereses electoralistas, es posible que el Congreso se más generoso que de costumbre con la asignación de recursos del Estado. 

Solo cabe esperar que los congresistas no inflen el presupuesto en demasía y que el Ejecutivo no repita el veto total del proyecto de ley para que, después de todo, sea preservado un razonable marco de ordenamiento y disciplina fiscal.

* Economista y exministro de Hacienda.

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