"Este es un paso esencial también para proteger a los usuarios de toda la UE de estas prácticas y para asegurar que las plataformas en la UE desempeñan su papel", explicó un portavoz comunitario durante la rueda de prensa diaria de la Comisión.

Subrayó que este paso constituye solo una solicitud de información y no la apertura de una investigación formal a estas plataformas.

La Directiva europea sobre servicios digitales (DSA), en vigor desde 2024, regula la actividad de las plataformas digitales - como comercios en línea, redes sociales, plataformas de contenido o webs de reservas - con el fin de asegurar que estas atajan posibles prácticas ilegales a través de sus canales, así como que son más transparentes.

Las cuatro empresas a las que Bruselas ha solicitado información forman parte de las designadas como "plataformas muy grandes" por la normativa - aquellas que llegan a más del 10 % de los 450 millones de consumidores de la UE- para las que se establecen los requisitos más estrictos de vigilancia, gestión de riesgos, transparencia o auditorías, entre otras áreas de actuación.

Las plataformas deben ahora responder a la solicitud de información de la Comisión Europea, que puede imponerles una multa de hasta el 1 % de su facturación anual si considera que la respuesta es incorrecta, engañosa o incompleta.

En caso de que se llegue a la fase de investigación y esta detecte un incumplimiento de la DSA, la sanción puede llegar a ser del 6 % de la facturación anual para las plataformas muy grandes.