Según la AP, Uber utilizaba un software para monitorizar el comportamiento de conducción de los chóferes y controlar las valoraciones de los clientes; cuando el sistema detectaba una sospecha de fraude o valoraciones demasiado bajas, las cuentas se desactivaban automáticamente sin intervención humana, algo que ocurrió entre 2018 y 2022.
A esto se suma que Uber tampoco informó adecuadamente a los conductores sobre el proceso.
"Uber cometió infracciones graves. Los conductores eran suspendidos sin contemplaciones, de forma que de un momento a otro se quedaban sin ingresos a través de Uber. Eso está prohibido. Un ordenador no puede tomar por sí solo decisiones con grandes consecuencias para una persona. Aquí antes debería haber intervenido un ser humano", declaró la vicepresidenta de la AP, Monique Verdier.
El caso llegó al regulador neerlandés después de que 171 conductores franceses denunciaran los hechos ante la Liga de Derechos Humanos (LDH), una organización francesa de defensa de derechos, que trasladó la queja al regulador de privacidad de Francia.
La investigación recayó finalmente en la AP porque la sede europea de Uber está en Ámsterdam, tal y como establece el mecanismo de ventanilla única del RGPD.
La cuantía de la multa se calculó con el mismo criterio que aplican todas las autoridades de privacidad europeas: hasta un 4 % de la facturación mundial anual de la empresa, que en el caso de Uber rondó los 44.500 millones de euros en 2025.
La compañía ya ha informado al regulador neerlandés de que recurrirá la decisión.
Es la cuarta sanción que la AP impone a Uber: 600.000 euros en 2018, 10 millones en 2023 y 290 millones en 2024 -las dos últimas aún recurridas por la empresa ante los tribunales-.
Con este importe, la multa se convierte en la segunda mayor jamás impuesta bajo las normas europeas de protección de datos, solo por detrás de los 1.200 millones que el regulador irlandés impuso a Meta en 2023 por trasladar de forma ilegal a Estados Unidos datos de usuarios europeos de Facebook.