La recomendación del Comité de Ministros, órgano de decisión del Consejo de Europa, se basa en el artículo 6 (Derecho a un juicio justo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que se aplica en todos los países de la organización.
lucha contra el dopaje y hacia la garantía de procesos más equitativos, tras la adopción del código mundial antidopaje y teniendo en cuenta la labor en estos litigios del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
La recomendación insta a una "aplicación progresiva" y, además de garantizar la equidad en los procesos contra los deportistas acusados de dopaje, contribuye a "reforzar la confianza de los aficionados en la justicia y las instancias deportivas".
Según el Consejo de Europa, la lucha contra el dopaje constituye una cuestión de interés público, para la que se necesitan procesos justos, así como la protección de la vida privada de los atletas, su reputación e información sobre su salud.
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Pero también afirma que todo deportista contra el que se inicie un contencioso antidopaje, "debe tener derecho a un juicio justo, dentro de un plazo razonable, ante un órgano de arbitraje independiente e imparcial, con posibilidad de apelación".
Y añade que ese derecho se aplica también a la hora de defender su causa ante la instancia de audiencia, ya sea en persona o por escrito.
Incide en que el órgano de arbitraje debe ser independiente e imparcial de las autoridades públicas, de las organizaciones antidopaje nacionales y regionales, y de las organizaciones deportivas nacionales e internacionales".
Los principios de la recomendación "deben aplicarse a nivel nacional e internacional si el proceso conlleva la suspensión temporal o de por vida de competir o participar en eventos deportivos, o la imposición de multas".
El secretario general adjunto del Consejo de Europa, Bjorn Berge, aseguró que esta recomendación "innovadora" fue adoptada por unanimidad de los 46 Estados y confió en que "se aplique más allá de Europa".
Berge se mostró convencido de que la recomendación tendrá un "valor muy importante en el trabajo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y el TAS".
El Consejo de Europa adoptó en 1989 un Convenio antidopaje, que dificultó el uso de esteroides anabolizantes, ayudó a la financiación de los test antidopaje, estableció un vínculo entre normas antidopaje y subvenciones, y estableció controles regulares. España lo ratificó en 1992.