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Propone que los organizadores, responsables de la emisión y distribución de entradas a espectáculos futbolísticos o cualquier persona que provea los tiques de forma gratuita o sin pagar el precio correspondiente, a personas que integren las barras, sufrirán una pena de hasta cinco años o multa. La misma pena sufrirán los directivos de las empresas que financien a dichos grupos.
El fiscal había argumentado que el planteamiento es el resultado de un análisis, atendiendo a los hechos de violencia generados por los grupos de barras bravas que ponen en riesgo la integridad física y la vida de las personas. Asimismo, señala que la norma permitirá a la Fiscalía tener una herramienta para impulsar la acción penal pública hacia las personas que financian a las barras de clubes con gran convocatoria. Expresaba que hoy día, a pesar de la rigurosa persecución penal, estos grupos han incrementado el número de sus integrantes y también el grado de violencia. Una vez que el proyecto sea tomado por un diputado pasará a la comisión de Deportes, presidida por Gustavo Cardozo (PLRA).