El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) no llega a ejecutar ni el 50% del presupuesto anual de unos US$ 40 millones del Fondo Nacional de la Viviendas Social (Fonavis), que reparte fuera de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.
Los recursos del Fonavis (Ley 3637/09) la citada cartera de Estado transfiere a personas y organizaciones sociales a las que habilita como Servicio de Asistencia Técnica (SAT) . Estos SAT elaboran los proyectos, hacen los trámites ambientales, municipales y contratan a las constructoras, y cobran entre 7% y 11% del total del proyecto dependiendo de la zona (urbana o rural).
Documentos a los que accedió nuestro diario revelan que en 2017, de un presupuesto de G. 332.000 millones, el MUVH ejecutó 31% y en 2016 llegó a 35% de G. 283.000 millones. El año pasado ejecutó 35% de G. 270.000 millones presupuestados. Este año la administración de Dany Durand ya distribuyó el 62% de G. 243.000 millones presupuestados para el presente ejercicio (ver infografía).
Amparado en esta alta transferencia de recursos Durand pretende disponer de más plata para el 2020. Al menos es lo que se desprende del manifiesto firmado por los SAT tras la audiencia pública que tuvieron en el Congreso Nacional el miércoles pasado. En la nota piden al Poder Ejecutivo otorgar al Fonavis US$ 100 millones de los bonos soberanos.
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Existen serios cuestionamientos al sistema de ejecución de obras del Fonavis por la falta de transparencia, terminación y calidad de sus viviendas.
José Luis Heisecke, presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), señaló ayer a nuestro diario que “no se conoce a las empresas ejecutoras, que las viviendas son de baja calidad y no se terminan. Desconocemos a qué empresas se les entrega, normalmente son políticos, y la calidad de las viviendas suele ser baja. Muchas veces ni siquiera se terminan y las asociadas de Capaco se encargan de terminarlas luego”, señaló el empresario.
En varias oportunidades pidieron al ministro Durand que se modifiquen las reglas para que se liciten todos los proyectos del Fonavis, porque engloban el 70% de las viviendas del MUHV, según el empresario.
Pero el ministro Durand dijo la semana pasada a ABC que “el Fonavis es el que se ejecuta sin trabas” porque no pasa por la Ley 2051. Sin embargo, la baja ejecución le contradice.
En cuanto al abandono de las obras que señaló Heisecke, existen denuncias radicadas ante el Ministerio Público que prueban esos hechos.
Uno de los casos se remonta al año 2014 cuando el ministerio, en ese entonces Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), denunció al SAT Camilo Recalde, que cobró G. 16.000 millones para construir 300 casas y no lo hizo. Otro caso denunciado el año pasado afecta al SAT Cristian Turrini, que dejó un daño patrimonial de G. 14.000 millones a la institución.
G. 28.500 millones para terminar
Dos licitaciones por un valor total de G. 28.500 millones otorgó este año (en junio y julio) el MUVH para la terminación de 521, viviendas excluidas de la Ley 2051 de Contrataciones. Los beneficiados son Deco SRL, Ritter Construcciones SRL, Mario Ibarrola, Herán Giménez, Alejandro Pérez, Fernando Romero y Celso Romero.
Por estos problemas es que la Capaco solicita que los proyectos para la construcción de viviendas sean otorgadas mediante la Ley 2051. Los funcionarios del MUVH tienen bastante tiempo para organizar las licitaciones. Si sus autoridades quieren transparentar la gestión, deben cumplir las disposiciones legales, según el titular de Capaco, José Luis Heisecke.
slopez @abc.com.py