Según el informe, son un total de 458 juicios activos en este momento. Se encuentran en etapa de resolución 83 casos en los tribunales de apelación laboral por multas impuestas, que totalizan G. 20.312 millones. Pero, según lo explicado, esta suma puede variar en la medida que los órganos jurisdiccionales, al momento de dictar la resolución, modifiquen o confirmen dichas multas.
De sufrir modificaciones, el monto reclamado podría ascender a más del doble. De hecho, el monto total provisionado a la fecha asciende a la suma de G. 45.040 millones, según la cartera de Trabajo.
Luis Orué, viceministro de Trabajo, explicó ayer a nuestro diario que los casos corresponden a los últimos cinco años. Pero cuando se le consultó si en el listado de empresas multadas figuran contratistas del Estado, no supo responder.
En varias oportunidades, ABC ha solicitado al ministerio la provisión de datos relacionados a la cantidad de empleados declarada por las empresas contratistas del Estado, pero no tuvimos éxito.
Los abogados del MTESS nos negaron la información recientemente, argumentando en su dictamen que proveerla “violaría la Constitución, que garantiza la privacidad de las personas”, pese a que es una información de interés público, pues esas firmas reciben dinero del Estado y deberían estar al día con sus obligaciones. La solicitud de información llegó hasta la ministra Carla Bacigalupo y luego de eso, lo que nos proveyeron fue la suma de las multas y los procesos judiciales que están en curso.