Uso prebendario de empresas públicas y los negociados

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Los últimos gobiernos fortalecieron la política prebendaria y los negociados en las inversiones dentro de las empresas públicas, tales como Petropar, Copaco, Dinac, ANNP y Essap. Ferrocarriles del Paraguay (Fepasa) quedó fuera, porque los pocos ingresos que consigue de los restos del viejo sistema ferroviario no son atractivos.

Dinac

La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) es una de las peores en materia de inversión. Los políticos de turno no la beneficiaron en absoluto. Prueba de ellos es que nunca pudo subir de categoría. Continúa anclada en la última, la uno. La mayor calificación de los aeropuertos del mundo es la tres. Dinac apenas tiene una pista para el despegue y aterrizaje de aviones comerciales, y cuenta con 2300 funcionarios, pero sólo necesita de la mitad para su operatividad. Ni siquiera cuenta con una planta de tratamiento para desechos cloacales de los aviones. El año pasado intentaron otorgar su explotación por 20 años a la argentina Enersite SA, pero canceló al recibir críticas por la adjudicación directa, sin licitación.

Petropar

Las plantas de Villa Elisa y Mauricio José Troche de Petropar se llenaron de operadores, seccionaleros y parientes de dirigentes sindicales. La fábrica de Troche, por ejemplo, cuenta con unos 340 funcionarios y sólo requiere 150. Fábricas que tienen su misma capacidad, inclusive mayores, tienen menos de la mitad.

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En la electrificación de la alcoholera invirtió miles de millones de guaraníes. En 2013, el entonces titular de Petropar, Sergio Escobar, fue procesado por la Fiscalía porque comprobó que la empresa MGA Constructora, de Michael Azuaga, no ejecutó las obras comprometidas.

La administración actual de Patricia Samudio planea otra electrificación, para lo cual dispone de más de US$ 12 millones. Este año gastó más 24.000 millones en la planta, pero igual operó a medias, según los cañeros.

Copaco

La telefónica del Estado, tras ocupar los primeros puestos de mayor aportante al fisco, empezó a acumular pérdidas luego de comprar Vox en 2010, por US$ 3 millones e invertir más de US$ 40 millones en su actualización tecnológica. El año pasado, varios años después de adquirirla, la Contraloría reveló que se inflaron los números para su venta. Dice además que Copaco debe someter a su subsidiaria a las leyes 2051/03 de Contrataciones y a la 1353/00 “Financiera del Estado”, para controlar sus gastos. Está terminando este 2019 y tanto la Procuraduría de la República, como la Dirección de Empresas Públicas siguen desoyendo la recomendación.

Un botón de muestra de los negociados es el reporte de hechos punibles de la Contraloría de 2014 sobre la actualización tecnológica de radiobases. No hubo procesados y menos aún el retorno del dinero defraudado. Vox apenas tiene 306.000 usuarios (el 4% del mercado).

ANNP

Desde la cesión de valiosos terrenos hasta de un porcentaje de sus ingresos genuinos se registran en la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP). Los casos más sonados son los que se relación con la cesión de terrenos en Ciudad del Este, Concepción y Villeta. En 2018 fue la tercerización del cobro de las tasas portuarias. La ANNP cedió por diez años a SIF América de Eduardo Tursi, la que instaló el Sistema Sofía. Por esto la privada debe cobrar el 2,7% de cada tasa pagada. SIF opera el Sistema Sofía de la Aduanas desde 1990.

INC

La Industria Nacional del Cemento (INC) es otra que gastó sin éxito miles de millones en sus plantas de Villeta y Vallemí. El último escandaloso caso guarda relación con un informe de la Contraloría, que desveló el despilfarro de parte de los US$ 80 millones de los bonos soberanos destinados en 2015 a su modernización. La fiscalía abrió una investigación.

Essap

La aguatera estatal hizo millonarias inversiones en redes de agua y cloacas, pero en vez de beneficiarle se perjudicó, porque las obras fueron hechas a medias y con materiales de baja calidad, para colmo con un saldo de calles y avenidas destrozadas. Desde 2017, en la fiscalía, duerme el caso de una obra fallida para saneamiento, financiada por el Banco Mundial. Otro negociado fue la actualización del sistema de facturación. Pagó G. 10.000 millones por un sistema que no le proveyeron.