El informe de cierre del ejercicio 2019 revela que del total de la deuda pública, la externa se situó en US$ 7.238,5 millones, lo que implica un incremento del 13% con relación al 2018; en tanto, la deuda interna terminó en US$ 1.620,6 millones, 1% menos respecto al monto del ejercicio anterior.
Son compromisos contraídos con los organismos financieros internacionales, tales como el BID, Banco Mundial, CAF, Fonplata y otros; agencias de gobierno; mediante la emisión de bonos del tesoro, tanto local como internacional; así como a través de la denominada ley llave en mano (Ley N° 5074/2013) para la inversión vial.
La deuda viene creciendo aceleradamente desde 2013 (ver infografía), principalmente por la colocación de bonos soberanos en el mercado internacional para realización de obras y el “bicicleteo” de los vencimientos. En el lapso hasta 2019 aumentó más del doble, pasando de US$ 4.174,2 millones a los US$ 8.859,1 millones actuales.
En 2013, la primera emisión de bonos estuvo a cargo del gobierno de Federico Franco (PLRA), por US$ 500 millones; luego el gobierno de Horacio Cartes (ANR) pisó el acelerador y le sumó US$ 2.910 millones a pesar de las críticas de la ciudadanía; en tanto que el gobierno de Mario Abdo Benítez (ANR) lleva colocado US$ 950 millones.
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Además, el monto en proceso de contratación asciende a US$ 2.526 millones, entre convenios ya firmados, en negociación y en estudio en el Congreso para su aprobación. Incluye, US$ 600 millones en préstamos de contigencia de la CAF y el BID.
La deuda total equivale a 22,9% del PIB y, según el informe Macro Latam del Banco Itaú, correspondiente al mes de febrero, el déficit fiscal se mantendrá en 2,2% del PIB, por encima del tope legal de 1,5%, con lo que la deuda bruta pública se situará cerca del 27% del PIB a fines de diciembre.
Las autoridades de Hacienda vienen sosteniendo, basadas en las recomendaciones de los organismos financieros, que la deuda es muy baja con relación a los demás países y que el tope sería entre 30% y 40% del PIB. Para el exministro de Hacienda, César Barreto, el tope no debe sobrepasar el 30% del PIB y es partidario de impulsar una ley para poner este límite al endeudamiento, más aún luego de que el año pasado los gastos rígidos del gobierno central (salarios, jubilaciones, deuda y gastos sensibles) hayan absorbido el 97% de la recaudación impositiva, dejando poco margen para atender la creciente demanda de servicios públicos que requiere la ciudadanía.