El mismo abogado Julio Mallorquín, representante legal de la empresa privada, confirmó ayer a nuestro diario que iniciaron una demanda en los estrados judiciales en contra de la Copaco, sin dar mayores detalles al respecto. “Sí es cierto el comentario que te hicieron”, dijo escuetamente.
Luego de mucha presión, la administración de Sante Vallese, quien ocupa la presidencia de la compañía desde setiembre de 2018, decidió romper el contrato por incumplimiento. Pero no procedió a cobrar la póliza, para recuperar parte del dinero que había abonado a la empresa, que ronda los G. 3.500 millones.
El caso había denunciado a mediados del año pasado el Sindicato Nacional de Trabajadores de Telecomunicaciones (Sinattel), encabezado en ese entonces por Carmen Irala.
Actualmente ya no obra en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) los datos de la licitación. Por lo tanto, tampoco se puede ver el contrato, la garantía de fiel cumplimiento, evaluación, pliego de bases, etc.
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Es como si fuera que nunca la Copaco licitó ni otorgó el contrato millonario a Bullers SA.
De acuerdo a datos confirmados por técnicos de la telefónica del Estado, la empresa privada nunca proveyó los materiales ni instaló la red así como estaba indicado en el contrato, y en el pliego de bases y condiciones. En agosto debía entregar por lo menos cinco centrales telefónica equipadas con la red óptica GPON.
La red es una tecnología que iba a permitir a los usuarios de la empresa del Estado recibir un mejor servicio de internet banda ancha, telefonía y televisión por internet. Actualmente el servicio es muy malo porque aún se utilizan las redes de cables de cobre.