El Ing. Agr. Gerardo Rojas fue presidente del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008), cuando autorizó su propio retiro voluntario y el de otros 33 funcionarios colorados de esa institución, que forma parte del sistema Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Hoy, 12 años después, el político colorado quien también fue intendente de Eusebio Ayala (Cordillera) y viceministro de Agricultura, regresa a la función pública, en este caso a la Dirección de Extensión Agraria (Deag), otra de las dependencias del sistema MAG, con alto rango.
El ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, al ser consultado sobre el caso, respondió ayer que no estaba al tanto de esa condición de Rojas de haberse acogido al retiro voluntario, y que en todo caso no fue nombrado durante su administración, sino en la época de su antecesor. “Voy a verificar esa consulta tuya y ver cuál es la condición en la que está en el MAG el ingeniero Rojas. Al parecer hay un tiempo que quedaron inhabilitados para la función pública, pero que ya se cumplió”, dijo a ABC.
Nuestro diario también llamó a Rojas ayer, pero hasta el cierre de esta edición no respondió aún su celular (terminación 505).
De acuerdo con los antecedentes del político colorado, ya en 2008 el sindicato de trabajadores del CAH (Sindicah) denunció ante la Secretaría de la Función Pública que el “autorretiro” mencionado fue en abierta irregularidad administrativa, contradiciendo el espíritu del beneficio.
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El gremio de empleados del CAH argumentó que la “irregularidad manifiesta” en el caso de Rojas consistía en que la categoría de presidente de entes (A19) no estaba incluida entre las personas que podían acogerse a dicho beneficio, porque el objetivo era eliminar los cargos para disminuir los gastos del Estado y en ese caso, el cargo de titular de CAH no podría eliminarse.
Precisamente, según el dictamen de la Función Pública N° 118/08, el programa de retiro voluntario fue destinado para racionalizar los recursos del Estado, a través de un sistema de incentivos, que contempla la renuncia del mismo y el pago de una indemnización de conformidad al Código Laboral.
“La categoría A19, perteneciente al presidente del CAH, no puede ser racionalizada y mucho menos ser recategorizada, pues no se puede prescindir del mencionado cargo, ni del que posea ningún funcionario con cargo de confianza”, aseveraba el dictamen de la Función Pública.
Más aún se cuestionó que Rojas y otros 33 funcionarios del CAH hayan llevado G. 2.500 millones en total mientras la institución quedó con pérdida acumulada de cerca de G. 200.000 millones, según se supo después.
El gremio Sindicah también había presentado el reclamo ante la Fiscalía y la Contraloría en 2008. Uno de los documentos entregados decía que el retiro voluntario en el caso de Rojas colisionaba con la ley del presupuesto y el decreto reglamentario de ese periodo.
Las autoridades de la citada Secretaría de Estado calificaron el hecho señalado como una “falla administrativa grave” y que ameritaba la realización de una investigación administrativa. Sin embargo, el caso terminó en el “oparei”.
Requiere parecer de Función Pública
El asesor jurídico de la Secretaría de la Función Pública, Maximiliano Medina, explicó que en la inhabilitación para ocupar cargos públicos de los funcionarios que se acogieron a los beneficios del retiro voluntario, se exceptúa para los cargos de confianza.
Sin embargo, los mismos deberían solicitar un parecer a dicha secretaría de Estado.
Al ser consultado si Rojas cumplió con dicho proceso, respondió que no sabía.
Por otro lado, se sabe que Rojas no fue el único que cobró por retiro voluntario y que volvió al sistema MAG. “Volvieron muchos otra vez”, informó una fuente.