La distribuidora privada, presidida por el ingeniero Luis María Ocampos, menciona en la nota remitida al presidente de la ANDE que se trata de una factura del periodo de consumo del 01/02/2020 al 29/02/2020, ciclo 03/2020, y el impedimento obedece a motivos de cierre de oficinas y traslados de personal de Clyfsa a Asunción, debido a las diferentes medidas de prevención del covid-19, decretadas por el Gobierno nacional y aplicadas por la propia empresa estatal.
En el escrito, que lleva la firma del ingeniero Ocampos, deja “expresa constancia” de que la Clyfsa no se encuentra en el listado de clientes de la ANDE que puedan proceder al pago vía la Web bancaria, razón por la cual ha consultado con el Departamento de Gestión de Grandes Clientes. En contacto con nuestro diario, el presidente de la empresa guaireña lamenta que esta situación se puede tomar como una “abierta persecución” contra Clyfsa por parte de “cierta gente” de la ANDE.
Añade que no ha tenido una respuesta de dicha repartición del ente estatal, responsable de la recepción del pago, que brinde una solución definitiva, con el fin de que Clyfsa proceda al pago correspondiente a la factura ya mencionada.
Agrega que, atendiendo las medidas de prevención del covid-19, adoptadas por el Gobierno nacional (prohibición de aglomeración de personas, restricciones al tránsito y otros), la firma se ve impedida de enviar a sus funcionarios hasta el local de la ANDE, ya que las oficinas administrativas de dicho ente estatal no se encuentran atendiendo al público por las circunstancias apuntadas.
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En ese sentido, solicita a la ANDE “se sirva brindar la correspondiente solución administrativa”, a fin de que Clyfsa efectúe en tiempo y forma el pago de la factura más arriba mencionada, evitando incurrir en mora por causas no imputables a la misma.
“Mediación” del MIC
Entre tanto, la ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, informó a nuestro diario que “buscará”, junto con el Consejo de Empresas Públicas, una solución a otro conflicto generado entre ANDE y Clyfsa, porque se denegó un pedido de flexibilización de potencia reservada. Clyfsa hizo esa solicitud teniendo en cuenta que, debido a la pandemia, va a pagar por una energía que no va a poder vender.
Al ser consultada, la ministra comentó –de una forma muy escueta– que directivos de la empresa Compañía Luz y Fuerza (Clyfsa) de Villarrica se comunicaron con el MIC a efectos de exponer su problemática con relación a la contratación de potencia de la ANDE.
La alta funcionaria agregó que, en ese sentido, la cartera de Estado a su cargo se informó sobre la situación a través del Consejo de Empresas Públicas, y recibió la respuesta de la existencia de un “impedimento legal”.
No obstante, agregó, siendo que el estado de emergencia afecta al consumo y, por ende, a empresas de diversos tamaños en el territorio, cuyo servicio de distribución tiene la referida empresa, el MIC buscará las “alternativas” que puedan ser consideradas por la ANDE dentro de las normativas legales, pues considera que el beneficio o medida de mitigación debe alcanzar a todo el territorio.
Un ente regulador para frenar abusos
Los conflictos entre la ANDE y la distribuidora privada CLYFSA, con sede en Villarrica (Dpto. del Guairá), no son nuevos. Ahora han surgido dos focos, uno detrás de otro, revelando la actitud arbitraria y abusiva del ente estatal. Ante esta situación, se ha planteado la necesidad (urgente) de crear un ente regulador para evitar estos desmanes, no solamente contra una cliente y competidora directa, sino también contra sus usuarios en general, que normalmente no hallan una solución inmediata a una escandalosa sobrefacturación o a los permanentes cortes. Hoy la ANDE actúa impunemente como jugador y árbitro, sosteniéndose monopólicamente en una ley arcaica y transgresora de la Constitución nacional.