El informe de la cartera fiscal señala que el aporte realizado de enero a mayo por los funcionarios activos asciende a G. 996.406 millones (US$ 151,4 millones), pero los pagos en concepto de haberes jubilatorios superaron los G. 1,3 billones (US$ 209,9 millones), lo que deja una diferencia negativa de G. 385.291 millones (US$ 58,5 millones al cambio vigente).
El saldo rojo, equivalente al 28%, se financia habitualmente con parte de los fondos disponibles de los sectores superavitarios que conforman la Caja Fiscal (ver infografía) y con recursos del Tesoro. Sin embargo, desde abril, debido a la caída de la recaudación impositiva por la pandemia del covid-19, se echa mano al dinero proveniente del endeudamiento autorizado por ley de emergencia sanitaria.
Ley de emergencia
La ley de emergencia autorizó al Gobierno a endeudar al país por un monto de hasta US$ 1.600 millones para fortalecer el sistema de salud y hacer frente a la pandemia del coronavirus, así como también para mitigar sus efectos en la economía.
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En ese contexto, de estos recursos mencionados se destinarán para el funcionamiento del Estado US$ 553 millones, que incluye pago de salarios, jubilaciones, pensiones y el servicio de la deuda. Para el pago de las jubilaciones y pensiones, el paquete prevé un total US$ 127 millones para todo el programa. Según los datos de Hacienda, en abril se utilizaron US$ 21 millones para pagar las jubilaciones de las fuerzas públicas (policías y militares) y se estima en unos US$ 13 millones el monto que se habría gastado en mayo para el mismo sector.
La Caja Fiscal viene acumulando un creciente déficit en los últimos años; a modo de ejemplo, en 2016 cerró con saldo negativo de G. 429.060 millones (US$ 65,2 millones) y el año pasado el monto subió a G. 785.992 millones (US$ 119,4 millones).
La entidad reúne a seis sectores de la función pública: los empleados públicos, magistrados judiciales, docentes universitarios, maestros, policías y militares que en total llegan a 65.808 beneficiarios.
Son sectores deficitarios –según datos a mayo– el de maestros del Ministerio de Educación (-40%), policías (-59%) y militares (-77%), mientras los demás son superavitarios: empleados públicos (81%), magistrados judiciales (35%) y docentes universitarios (20%).
La cartera fiscal había advertido que con la puesta en vigencia del régimen de jubilaciones para médicos, odontólogos y bioquímicos del Ministerio de Salud, el déficit se iría deteriorando rápidamente porque se reducen los años y se aumentan los beneficios.
Ante este panorama, Hacienda había solicitado apoyo de los organismos financieros internacionales, como el BID, FMI y Banco Mundial para realizar un estudio actuarial de la Caja Fiscal.
La idea era que a partir de los resultados se elabore un proyecto de ley para la reforma de la referida institución, pero tras la aparición del coronavirus, el proyecto quedó en cierta manera frenado.
Superintendencia de Pensiones
El Ministerio de Hacienda tiene como prioridad impulsar primero la aprobación del proyecto de ley que crea la “Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones”. Para el efecto, está en proceso de discusión en el seno de la Comisión de Reforma del Estado del Congreso el anteproyecto de ley que establece las normas de regulación y supervisión. El documento a inicios del año empezó a socializarse entre los gremios de empresarios y sindicatos, pero de entrada estos últimos manifestaron su oposición a la propuesta. La intención era enviar al Parlamento después de Semana Santa.