El citado proyecto de ley de “responsabilidad social empresarial (RSE)” ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, y ahora se encuentra en estudio en el Senado, en la comisión asesora que preside Arnaldo Giuzzio.
En ese sentido, en la nota remitida, la CAP solicita el rechazo del citado proyecto, puesto que el RSE es un tema de “decisión institucional” o personal que no puede ni debe ser exigido por ley a las empresas o individuos.
Agrega que las empresas ya hacen RSE al generar puestos de trabajo, invirtiendo en innovación, siendo competitivas y productivas, pagando impuestos, con lo que ya están “contribuyendo” para que el gobierno de turno, en representación del Estado, gaste y administre bien y brinde como contraprestación servicios de calidad a quienes constituyen el Estado, para el cual los funcionarios contratados electoralmente o administrativamente trabajan y se deben. “El Gobierno debe rendir cuentas y dar contraprestaciones de servicios”, enfatiza la nota firmada por el asesor legal de la Cámara de Anunciantes, Abog. Miguel Ángel Aranda.
Sostiene asimismo que el objetivo de las empresas es ser competitivas y rentables y no hacerse cargo de los roles del Estado. Asevera que esto es “pervertir la esencia misma del pacto social”. Añade que las empresas, motu proprio, pueden destinar parte de su éxito y rentabilidad empresarial a la sociedad que lo hace posible, pero que esto no se puede imponer o siquiera sugerir, porque estaríamos, cuando menos, ante un Estado confiscatorio que reconoce su incapacidad de cumplir adecuadamente las tareas para las cuales fue creado.
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La CAP sostiene asimismo que el Estado debe brindar las condiciones para que las empresas y los individuos se desarrollen y progresen, proteger a los ciudadanos corporativos o particulares que cumplen las leyes, que pagan impuestos, que tienen a su personal en IPS, que se endeudan y arriesgan para competir y hacer que todos cumplan por igual y que todos aporten por igual, además de hacer un uso correcto de los recursos de los que se disponen.
Acota que en el ámbito privado ya existen organizaciones civiles que están reconociendo a las empresas que realizan acciones o programas de RSE.