Ejecutivo veta parcialmente PGN 2018 para neutralizar aumentos salariales

El Poder Ejecutivo vetó parcialmente el proyecto de Ley Nº 6026/2017 del Presupuesto General de la Nación 2018, a través del Decreto Nº 8325. La objeción parcial afecta a los aumentos en rubro de salarios para el MEC, Salud, ANDE e INC, tal como sugirió el Ministerio de Hacienda.

Las objeciones parciales del Ejecutivo afectan al artículo 2 de la Ley 6026/2017 sancionada por el Congreso referido al incremento adicional al anexo de personal en la Administración Central, específicamente para docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) del 4%, también para Salud Pública en 8% general y 30% para programas de acción y servicios sociales, según se desprende del Decreto 8325 que el presidente Horacio Cartes emitió ayer en horas de la mañana.

En cuanto a los entes descentralizados también se objetó el incremento de G. 600.000 para funcionarios de la ANDE en las categorías presupuestarias inferiores a G. 11.855.200 y aumento general del 12% para trabajadores de la Industria Nacional del Cemento (INC).

Tras la divulgación del referido decreto del Ejecutivo, inmediatamente el Ministerio de Hacienda convocó a una conferencia de prensa, donde la ministra Lea Giménez celebró la decisión del Poder Ejecutivo de vetar parcialmente el PGN 20218

Giménez argumentó que es deber del Poder Ejecutivo velar por la correcta administración de los recursos públicos, por lo que el veto fue una de las opciones más acertadas en este caso.

La ministra volvió a recalcar que el Congreso aprobó aumentos adicionales en gastos corrientes por más de US$ 87 millones, con reestructuración del gasto público, donde se movieron partidas presupuestarias, que abiertamente dejaba serios daños a las finanzas publicas y un déficit fuera del rango permitido en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).

Asimismo, el Poder Ejecutivo objetó el Artículo 59, con lo que el Proyecto de Ley vetado parcialmente se devuelve al Congreso para el estudio y pronunciamiento correspondiente tal como lo prescribe el Artículo 208 y concordantes de la Constitución Nacional, según detalla el decreto 8325.

El considerando de la objeción parcial sostiene que el Congreso ha aprobado un proyecto de PGN 2018 que contiene un desfinanciamiento de aproximadamente US$ 40 millones, por encima de lo propuesto por el Poder Ejecutivo para los gastos financiados con Recursos del Tesoro (impuestos), destinados principalmente a gastos en salarios, haciendo más rígido el Presupuesto y, por ende, restando recursos al financiamiento de las políticas públicas tendientes a la entrega de bienes y servicios finales a todos los ciudadanos y de protección social a la población más vulnerable.

Golpe a ingresos fiscales

Por otra parte, la ministra de Hacienda hizo mención a un elemento adicional que afectará al presupuesto del 2018 en los ingresos fiscales, recursos con los cuales se contaban para cubrir necesidades del PGN. Se refirió específicamente a recientes decisiones en la Justicia que dieron lugar en primer término a la exención del IVA a cooperativas, lo que restará US$ 35 millones al fisco, y la última, que favorece a los industrializadores de granos con la devolución del 100% de créditos fiscales, que significará una resta de US$ 140 millones.

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