En octubre de 2013, dos meses después de que asumiera el actual ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, la Cartera hizo un concurso de ofertas por subasta a la baja electrónica para la adquisición de un seguro médico y odontológico para los funcionarios de la Cartera. Con este llamado se pretendía beneficiar con cobertura médica y odontológica a aproximadamente 2.670 funcionarios.
En el ítem del servicio odontológico no hubo problemas, pues se presentó una sola empresa ofreciendo el plan de cobertura. Pero para el ítem del seguro médico integral la oferta con el precio más bajo fue la presentada por la empresa Mediplan SA (Medilife) por G. 28.836.000.000.
En segundo lugar quedó la oferta presentada por Protección Médica SA (Promed), con el precio de G. 37.486.800.000, según obra en el acta de recepción y apertura de sobres.
Inexplicablemente el MOPC adjudicó a esta última, pese a la diferencia de nada menos que G. 8.650.800.000 entre la primera y la segunda, que son US$ 1.844.000 al cambio actual.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Argumento de la descalificación
Infructuosamente ayer intentamos obtener la versión oficial del MOPC sobre el tema.
Jorge Granada, director jurídico de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), informó que tras la protesta presentada por Medilife, se corrió traslado al MOPC, que contestó en fecha 8 de enero rechazando cada una de las impugnaciones.
Trascendió que el argumento de la descalificación fue que uno de los requisitos del llamado era que las oferentes debían contar con tres sanatorios con categoría 3 para Unidad de Terapia Intensiva (UTI) para niños y adultos y que Medilife contaba con dos de los tres sanatorios con las características solicitadas.
No obstante, directivos de la empresa señalan en la protesta que ofrecieron un tercer sanatorio con UTI categoría 2 para niños, que el MOPC no quiso considerar.
“El MOPC no tuvo en cuenta que este requisito no tiene sustento técnico o científico, ya que los entes reguladores de la salud del país (el ministerio del ramo) permiten la habilitación de unidades de terapia intensiva en sanatorios del nivel 2”, reza parte de la protesta que se debe definir en la DNCP.