De esta forma desvirtuó las acusaciones de funcionarios de la empresa que se quejan de los traslados a otras zonas en forma masiva y sin consulta previa, como establece el famoso contrato colectivo.
“Tenés que echarles a patadas del diario si van a quejarse porque son unos ladrones”, respondió el titular de la telefónica ante la consulta con relación a la denuncia de numerosos traslados de funcionarios sin el consentimiento de los mismos, así como lo estipula el contrato colectivo que los sindicalistas obligan a firmar a las autoridades de las empresas públicas, aducen.
“Son roscas mafiosas que están robando a los clientes. Se van a descomponer las líneas para luego ir a cobrar 50.000 guaraníes por la reparación”, sentenció Benítez sin proporcionar nombres.
Los funcionarios afectados por los traslados que solicitaron la reserva de su identidad señalaron que recurrirán ante los estrados judiciales, porque existe el contrato colectivo firmado por la patronal con los gremios sindicales que exige consultar a los afectados sobre los cambios.
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Ya recurrieron ante el Sindicato Nacional de Trabajadores de Telecomunicaciones (Sinattel), el mayor gremio de la empresa pública, para solicitar el apoyo, pero los dirigentes prefieren mantenerse al margen de lo que está ocurriendo con ellos, dijeron.
Supresión de jefaturas, otro problema
No solo el traslado de funcionarios genera disgustos en la Copaco. Ayer nuestro diario publicó la eliminación de 10 jefaturas innecesarias, en las que los jefes no contaban siquiera con subalternos.
Benítez explicó que solo comenzaron a cumplir con la recomendación de la consultora extranjera Quantum, que elaboró un informe al Ministerio de Hacienda sobre el funcionamiento de las empresas públicas.
El resultado que arrojó es que las 391 jefaturas son excesivas para la estructura de Copaco.
Cabe acotar que la telefónica registra desde hace varios años una estrepitosa caída de su facturación. Tuvo que recurrir a préstamos de bancos privados de unos US$ 12 millones para cubrir agujeros.
La actual administración acusó a los anteriores responsables de la empresa de realizar millonarias adquisiciones tecnológicas que no redituaron en ganancias económicas o no tuvieron el retorno del dinero invertido.
La estatal soporta más de 5.000 funcionarios, cantidad excesiva para el número de usuarios (alrededor de 450.000) que posee en todos los servicios que presta (telefonía básica, internet y televisión por internet o IPTV).