La medida judicial fue otorgada en el marco del juicio promovido por el Abog. Miguel Ignacio Vargas Peña, representante legal de varios supuestos afectados por despojo de lotes en el Chaco durante la administración del Ing. Marciano Barreto, expresidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), en contra de las resoluciones dictadas por el ente agrario.
Los miembros del Tribunal de Cuentas, Primera Sala, Mario Maidana Griffith, Rodrigo Escobar, Martín Ávalos Valdez y Miguel Colmán, han entendido que el señor Alfredo González Ramírez (empresario tabacalero del Este) no ha demostrado la legalidad del poder que supuestamente le otorgaron 15 presuntos beneficiarios del Indert, que en realidad serían prestanombres.
De acuerdo a los antecedentes de este caso, durante la nefasta administración de Marciano Barreto en el Indert, en complicidad con su entonces directora de Asesoría Jurídica, Norma Valiente, se habían adjudicado irregularmente 15 lotes, en el distrito de Pablo Lagerenza, a Martín López Agüero, Hermes Barrios Gaona, Elvio Aurelio Benítez Florentín, María Lourdes Araújo Armoa, Silo Guerrero Acosta, Mirtha Díaz de Palacios, Enriqueta Guerrero de González, Antenor Dionicio González, Joel González Ramírez, Bernardino Benítez González, Ancelmo Benítez González, Lino Marín Brizuela, Elvio Araújo Florentín, Amelio Salustiano González y Damiana Vda. de Ramírez.
Posteriormente aparece Alfredo González Ramírez como supuesto representante de los 15 presuntos “beneficiarios” anteriormente citados. González Ramírez ni siquiera presentó los poderes otorgados por cada uno de los supuestos “beneficiarios”, pero aun así jueces de Primera Instancia, Cámara de Apelaciones y Tribunal de Cuentas dieron trámite a las acciones presentadas por los abogados Emma González Ramos y José Prieto, representantes del tabacalero.
No obstante, el pasado 11 de junio, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, corrigió esta situación y quedó demostrado judicialmente que Alfredo González Ramírez nada tiene que ver con los supuestos “beneficiarios”, lo que confirma además que el mencionado empresario lo único que pretendería es quedarse ilegalmente con las 60.000 hectáreas de tierras del Indert.