Según la misiva, la cantidad de sanciones es considerada un “importante logro institucional”, atendiendo que representa un 42% de aumento con relación al 2015. De las 184 sanciones impuestas por la DNCP, se observan 146 empresas inhabilitadas para presentarse a licitaciones públicas y contratar con el Estado. Las 38 restantes corresponden a amonestaciones previstas para casos leves.

Durante los últimos 4 meses del año pasado se impusieron sanciones a 67 empresas proveedoras. Y en lo que va del año 2017, ya se registran 12 empresas sancionadas (ver cuadro).

Contrataciones señaló que entre las faltas más recurrentes que fueron detectadas figuran proveedores o contratistas que no cumplieron con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causaron daños o perjuicios al organismo, entidad o municipalidad convocante. También empresas que proporcionaron información falsa o que actuaron con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia.

Las sanciones fueron estimadas y aplicadas en cada caso considerando la gravedad del hecho, la intencionalidad, el daño ocasionado y la reincidencia o no de la empresa sumariada, de acuerdo con las explicaciones oficiales.

A criterio de la DNCP, el sumario administrativo es “uno de los procesos de mayor importancia”, ya que mediante el mismo se imponen sanciones a las empresas proveedoras que no cumplen con sus obligaciones con el Estado. Dichas sanciones permiten que los proveedores en falta no queden impunes, pues el incumplimiento se traduce muchas veces en pérdidas patrimoniales para el Estado y/o el perjuicio a la gestión de la institución pública.