De no haber sido por la inmediata, espontánea y firme reacción ciudadana, el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez no hubiera reculado de su antipatriótica decisión de renunciar a la única magra compensación económica hasta ahora obtenida por nuestro país en Itaipú en casi medio siglo de gestión, a cambio de colosales beneficios para Brasil: la firma de un acuerdo en enero de 2007 por el que la entidad binacional reconocía a favor de la ANDE la preferencia para retirar hasta la mitad de la energía eléctrica “excedente” generada en la usina por encima de la potencia contratada por ambas entidades societarias, a una tarifa mínima de alrededor de US$ 9/megavatio. Esto, a cambio de la conformidad del Gobierno paraguayo para la instalación de dos turbinas generadoras adicionales a las 18 ya existentes para beneficio exclusivo del Brasil, aunque cargando el Paraguay con la mitad del costo de tal aumento de potencia, obviamente.
Tras 12 años de vigencia del acuerdo de referencia sin ningún incidente entre las partes (ANDE y Eletrobras), he aquí que a menos de tres años del plazo establecido en el Tratado para la revisión del Anexo C del mismo, Eletrobras –vale decir, el Gobierno brasileño– denuncia el acuerdo exigiendo que la ANDE contrate mayor potencia (tarifa cinco veces más cara) hasta cubrir con ella la cantidad de energía “excedente” que actualmente retira de la usina, superior a la que le corresponde en función de la potencia contratada. Pero lo que es peor, por el Acta Bilateral suscrita en secreto y ahora anulada, ciertamente no por espontánea decisión del Gobierno, sino por la reacción de repudio de la ciudadanía tras revelarse su contenido, virtualmente el acuerdo “congelaba” la cantidad de electricidad que nuestro país podía retirar de Itaipú hasta 2022, limitándola a prácticamente lo que hoy retira. Vale decir, durante los tres próximos años, el Paraguay se vería impedido de atraer inversión extranjera directa interesada en la instalación de industrias con alto consumo de electricidad a precio competitivo.
Pero la anulación de la nefasta Acta Bilateral de referencia no resuelve el problema creado por Eletrobras. Simplemente, lo retrotrae a foja cero. Y lo que es peor, en el parágrafo final del Acta Bilateral que anula la suscrita entre gallos y medianoche, el Gobierno de Abdo Benítez curiosamente renuncia al derecho reconocido a la ANDE por el acuerdo del 2007, pues admite discutir el cuestionamiento de Eletrobras en vez de insistir en la vigencia de dicho acuerdo, que es lo que corresponde.
Más allá del gran teatro montado por el Presidente de la República en connivencia con sectores políticos afines a su Gobierno y otros pescadores en río revuelto, dos cosas quedan muy claras. La primera, la persistencia de la tácita abdicación de Abdo Benítez del derecho consagrado a favor de la ANDE por el acuerdo de 2007, al aceptar discutir el incidente promovido por Eletrobras con relación a la contratación de potencia por parte de la ANDE estando en vigencia dicho acuerdo. Y, segundo, la alerta de una ciudadanía desconfiada de la sinceridad del Presidente en cuanto a no ceder en el derecho consagrado a la ANDE por el acuerdo del 2007. Así, estuvieron en las calles estudiantes, trabajadores y la valiente organización “Escrache ciudadano”, dirigida por la abogada María Ester Roa, mientras organizaciones de todo tipo, incluida la Iglesia Católica, expresaban también, comunicados mediante, su oposición a la entrega de los intereses nacionales y reclamaban patriotismo. “Pacta sunt servanda”, debe ser la postura del Gobierno paraguayo, como suele hacerlo el brasileño.
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A partir de ahora, lo que el presidente Abdo Benítez debe tener muy en claro es que toda cuestión relacionada con Itaipú pasa a ser una “causa nacional” y, por tanto, los ojos y oídos del Pueblo soberano se mantendrán atentos a toda iniciativa encarada por el Gobierno en cuanto a lidiar con Brasil en Itaipú, pues no habrá para él una segunda oportunidad para salir airoso de un acuerdo que aparece como otra traición de lesa patria, como la fallida en esta oportunidad. Mal que les pese a quienes le han extendido su solidaridad, sean ellos parlamentarios, hurreros, empresarios, dignatarios extranjeros, etc., etc. Quizá ya no se pueda detener tan fácilmente la creciente ira de la ciudadanía volcada a las calles de ciudades y pueblos en defensa de los derechos del Paraguay en Itaipú y Yacyretá; las usinas hidroeléctricas binacionales que nos proporcionan el crítico insumo de progreso que es la energía eléctrica, limpia y barata, generada por las aguas del portentoso río Paraná, mitad de las cuales pertenece a nuestro país.
“Ver para creer”, va de suyo el refrán. Desabrido para algunos, inspirado para otros, el discurso pronunciado en el Palacio de López el pasado jueves por el presidente Abdo Benítez no ha conformado en absoluto a la ciudadanía, y estaría muy equivocado si recogió esa impresión en el melodrama matinal que protagonizó en la oportunidad. “Pido disculpa si es que me equivoqué”, dijo en un pasaje de su alocución, al tiempo de pedir al pueblo que le tenga fe. Fe le tuvo el pueblo cuando asumió el Gobierno de la República, pero tras casi un año de gestión ella se fue diluyendo, en particular en lo referente al combate a la corrupción y la eficacia de gestión de sus ministros. Su eslogan de “caiga quien caiga” –reiterada otra vez como promesa– ha andado por las ramas. En esta ocasión, procedió a destituir a quienes intervinieron formalmente en las negociaciones, pero se tiene la impresión de que solo han sido sacrificadas piezas menores para salvar otras mayores en el juego del poder.
Para transmitir un mensaje de confianza en su gestión, el Presidente debe prescindir de colaboradores corruptos, inoperantes y antipatriotas. Solo así los paraguayos y las paraguayas le van a corresponder con la “fe” en su gestión, que ha reclamado en esta dramática oportunidad. De lo contrario, el pueblo continuará pidiéndole cuentas en las calles, cada vez con mayor intensidad.