Preocupa autofiscalización en obra de ruta bioceánica

La ruta bioceánica es la más cara construida en el país. Es fundamental que el MOPC se asegure de que ella está siendo construida con la alta calidad técnica especificada en el contrato. No sea que después de transcurrido algún tiempo tras su habilitación se compruebe que la misma “había sido” que no tiene la capacidad de soporte de carga para la cual fue diseñada y pagada, como ha sucedido con frecuencia en nuestro país a causa de la corrupción inherente a la gestión de dicha cartera en cuanto al control de calidad de las obras viales bajo su responsabilidad institucional. Llamativamente, esta ruta hasta ahora no cuenta con una firma fiscalizadora de primer nivel responsable de controlar, metro por metro, su buena ejecución. Bajo esta modalidad sui géneris de virtual autofiscalización, el Consorcio Corredor Vial Bioceánico (la brasileña Queiroz Galvao S.A. y la paraguaya Ocho A S.A.) lleva más de 10 kilómetros de ruta terminada. Siendo las obras públicas tradicionales fuentes de corrupción, deben eliminarse los posibles motivos para pensar que ese mal continúa desangrando al Paraguay.

Como en su tiempo lo fue la construcción de la Ruta “Carlos Antonio López”, mejor conocida como la “Transchaco”, la del denominado Corredor Bioceánico –en su tramo de Carmelo Peralta a Loma Plata– es de la máxima importancia para el desarrollo económico de la Región Occidental y, concomitantemente, del Paraguay, así como para las arcas del Estado, en razón de que será la ruta más cara hasta ahora construida en el país. Esto debido a su alto costo nominal (unos US$ 2,7 millones/km; mientras el correspondiente costo de referencia es de tan solo US$ 1 millón/km), por lo que será fundamental que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se asegure de que ella está siendo construida con la alta calidad técnica especificada en el contrato. No sea que después de transcurrido algún tiempo tras su habilitación se compruebe que la misma “había sido” que no tiene la capacidad de soporte de carga para la cual fue diseñada y pagada; como ha sucedido con frecuencia en nuestro país a causa de la corrupción inherente a la gestión del MOPC en cuanto al control de calidad de las rutas construidas bajo su responsabilidad institucional.

El último caso de deficiente calidad de ejecución de obras viales de crítica importancia económica y financiera se dio bajo el Gobierno de Horacio Cartes, con la construcción de la ruta Concepción-Vallemí, cuando fungía como titular del MOPC el economista Ramón Jiménez Gaona, quien en ocasión de inaugurar la flamante vía sorprendió con el anuncio de que así como había sido construida, la misma no tenía la capacidad para soportar el tránsito normal de camiones pesados convencionales. Agregó de paso que, para obviar esta falencia, se requería reforzar la carpeta asfáltica de rodadura con una capa de refuerzo de al menos cinco centímetros, a un costo de US$ 150.000/km.

Otro emblemático caso de ruta construida con deficiente calidad por falta de control por parte del MOPC resultó ser la que une Paraguarí con Villarrica, construida durante el Gobierno de Nicanor Duarte Frutos, y siendo ministro de la cartera el recientemente destituido director general de Itaipú, José Alberto Alderete. Antes de cumplirse dos años de ser liberada al tránsito, la misma ya presentó deterioros de consideración de la carpeta de rodadura, debido a deficiencias constructivas; en particular, en el tramo de Paraguarí a Tebicuary.

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El tramo de ruta de 277 kilómetros de longitud a que hacemos referencia, destinado a ser con el tiempo parte del Corredor Bioceánico a través del Chaco paraguayo, fue contratado bajo la modalidad de la Ley 5074 (sistema “llave en mano”) con el Consorcio Corredor Vial Bioceánico –integrado por la brasileña Queiroz Galvão S.A. y la paraguaya Ocho A S.A.– por la suma de US$ 443 millones, y que con los intereses (7,5%) a lo largo de 15 años terminará costando a los contribuyentes US$ 732 millones. Llamativamente, hasta ahora no cuenta con una firma fiscalizadora de primer nivel responsable de controlar, metro por metro, su buena ejecución, más aun teniendo en cuenta que el terreno del Chaco, por ser mayormente arcilloso, requiere cuidadoso tratamiento con mezclas de cal y cemento para la conformación del terraplén, sobre cuya rasante irá asentado el paquete estructural de soporte, propiamente dicho.

Tras un fallido llamado a licitación de firmas consultoras nacionales para el efecto, las autoridades del MOPC anunciaron que la tarea de fiscalización sería hecha administrativamente por un equipo de profesionales contratados ad hoc por la institución, bajo una supervisión ministerial también contratada para el efecto, corriendo el consorcio constructor con los costos, tanto de los sueldos del personal asignado a la tarea como de la infraestructura técnica y administrativa que requiere la tarea de fiscalización.

Bajo esta modalidad sui géneris de virtual autofiscalización –más propia de rutas vecinales, o de los “empedrados chinos de la era Planás”–, el Consorcio lleva más de 10 kilómetros de ruta terminada, tanto en su extremo de Carmelo Peralta como en el de Loma Plata. Aunque la calidad del paquete estructural de los tramos completados ya no puede determinarse sin un ensayo destructivo, bien harían las autoridades del MOPC en disponer que la firma fiscalizadora que sea finalmente contratada para tan importante obra vial, proceda como primera medida a un exhaustivo control de revisión de la calidad de los tramos ya construidos mediante ensayos no destructivos de “deflectometría de impacto”, suplementados con ensayos de laboratorio de muestras del paquete estructural extraídos in situ, para así certificar que lo construido bajo virtual autofiscalización por el consorcio contratista lo ha sido de conformidad con las especificaciones técnicas contractuales.

Precisamente, la Cámara Paraguaya de Consultores (CPC), nota mediante, ha solicitado a principios de agosto la intervención en el caso de la Comisión de Obras de la Cámara de Diputados. “Observamos con preocupación las enormes dificultades e incluso imposibilidad que presentaría una fiscalización vía administrativa del propio comitente (MOPC) para el desarrollo de estas tareas, dada la usual falta de recursos humanos especializados disponibles en la administración en la materia específica”, expresó la entidad.

Por su parte, los medios de prensa se han hecho eco de la inquietud de integrantes del sector por la dilación del MOPC en contratar el servicio de fiscalización de esta estratégica obra, más aún teniendo en cuenta la cercanía de la firma Ocho A con el Gobierno, a partir de que su propietario, Luis Pettengill Vacca, es padre de Luis Alberto Pettengill Castillo, concuñado del presidente Mario Abdo Benítez, y nombrado por este como asesor presidencial ad honorem.

Omitiendo cualquier juicio de valor especulativo al respecto, nos reafirmamos en que la más cara e importante obra vial –construida en la más desfavorable geografía del país– no debe seguir virtualmente sin un contrato de fiscalización responsable y competente, lo que implica un alto riesgo de que cuando ella sea habilitada al tránsito salten las falencias de control de calidad, como los ejemplos señalados. Y ya será tarde, obviamente.

Siendo las obras públicas tradicionales fuentes de corrupción en nuestros países, deben eliminarse los posibles motivos para pensar que ese mal continúa desangrando al Paraguay.

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