Chambonada con tufo de colusión en la Dinac

La Dinac había adjudicado al consorcio Constructora Asunción SA y Asociados, ligada a la empresa constructora EDB Construcciones, el contrato para el reacondicionamiento de la pista de aterrizaje del aeropuerto Silvio Pettirossi, por un monto equivalente a unos 3 millones de dólares. Supuestamente, el contrato estaba ajustado a las normas técnicas de seguridad exigidas por la OACI. Sin embargo, llamativamente, el jefe de la Dinac, Edgar Melgarejo, hizo saltar la liebre de la sorpresa anunciando que la OACI había rechazado el “sellador elastomérico” (producto químico aplicado al pavimento acabado de la pista) ofertado por el consorcio contratista, por no ajustarse a la calidad exigida por la organización internacional. En su descargo la contratista alegó que la Dinac no especificó debidamente la calidad del producto exigido por la OACI. Es curioso que para el titular de la Dinac el bochorno registrado no sea culpa “ni de la contratante, ni de la contratista”.

La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) había adjudicado al consorcio Constructora Asunción SA y Asociados, ligada a la empresa constructora EDB Construcciones del ingeniero Enrique Díaz Benza, el contrato para el reacondicionamiento de la pista de aterrizaje del aeropuerto Silvio Pettirossi, por un monto de G. 20.064.933.746 (unos US$ 3 millones). Supuestamente, el contrato de marras estaba ajustado a las normas técnicas de seguridad exigidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), como correspondía.

Sin embargo, llamativamente, el jefe de la Dinac, Edgar Melgarejo, hizo saltar la liebre de la sorpresa anunciando que la OACI había rechazado el “sellador elastomérico” (el producto químico a ser aplicado al pavimento acabado de la pista) ofertado por el consorcio contratista, por no ajustarse a la calidad exigida por la organización internacional. En su descargo, el contratista alegó que la Dinac no especificó debidamente la calidad del producto exigido por la OACI.

“Nosotros ofertamos un sellador elastomérico que obviamente cumplía con las exigencias del pliego de bases y condiciones, por eso nos adjudicaron. Después, la OACI sugirió un producto que no había en el mercado. Buscamos el sellador que pedían, pero traerlo del exterior tomaría 60 días más y ya no había tiempo”, alegó el arquitecto José Díaz Benza, responsable del consorcio contratista. Agregó que ofertaron otro producto similar como alternativa, pero que la OACI no lo aceptó.

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Es curioso que para el presidente de la Dinac, el bochorno registrado no sea culpa “ni de la contratante, ni de la contratista”, porque, supuestamente, ninguno habría sabido qué clase de producto sellador era exactamente el exigido por la OACI. “Es una nueva tecnología utilizada en aeropuertos. Para mí fue una novedad, pensé que cualquier sellador le iba a la pista”, sostuvo Melgarejo.

Pero la incoherencia del presidente de la Dinac fue más allá de la supina ignorancia técnica manifestada con desconcertante franqueza. Ante el impasse registrado y la manifiesta incapacidad aducida por la contratista para cumplir a cabalidad el contrato, lo que correspondía era darlo por finiquitado con la correspondiente liquidación de los ítems realmente ejecutados de conformidad con las especificaciones técnicas contractuales.

En vez de eso, en forma increíble, lo que el presidente de la Dinac hizo fue eximir a la contratista de su obligación de cumplir a cabalidad el contrato suscrito, aunque prorrogándolo por los 60 días estimados por la misma para poner en obra el producto especificado por la OACI. Eliminó el ítem cuestionado y llamará a licitación o concurso de precios para la adquisición del producto sellador requerido para completar la rehabilitación de la pista. Y eso, obviamente, llevará mucho más tiempo que los 60 días indicados como plazo por la contratista que tiró la toalla con muy buen provecho, por lo demás. En efecto, se beneficiará con nuevas obras complementarias vía adenda, hasta el 20 por ciento más del contrato, el máximo permitido por la Ley de Contrataciones Públicas. Por tanto, hay margen para que la ciudadanía sospeche que todo el intríngulis administrativo suscitado esconde una piñata a repartirse entre concusionarios y paniaguados, más aun teniendo en cuenta que existen vínculos entre los propietarios del consorcio de empresas contratistas y las altas esferas gubernamentales.

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Lo que resulta indignante ante hechos similares es que importantes funcionarios del actual Gobierno que, antes de acceder a él, desde la llanura criticaban acremente la corrupción que permeaba la administración de Horacio Cartes, ahora estén sumidos en el mismo fango de inmoralidad que anatematizaban.

El presidente Abdo Benítez hizo bien, en su momento, en dejar sin efecto la virtual entrega de la administración del aeropuerto Silvio Pettirossi a un consorcio de empresas liderado por la española Sacyr. Lo único que faltaría es que, sorpresivamente, surja de la galera una propuesta semejante.

Es sorprendente que, Gobierno tras Gobierno, las obras públicas continúen esparciendo un tufo de indecencia del que se aprovechan para generar nuevos ricos con la plata de todos.

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