El inquietante caso de las urnas electrónicas, cuyo proceso licitatorio fue suspendido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), tras haber rechazado la protesta de uno de los dos oferentes, desnuda la falsía con que actúan ciertos legisladores. Tras resistirse durante años a que la “lista sábana” sea desbloqueada en beneficio del elector, los senadores y diputados aprobaron dos veces, por amplias mayorías, la norma que permite el voto preferencial por uno de los candidatos. Este modo de elección requiere que el escrutinio sea realizado con el auxilio de dichos aparatos para que el cómputo no se alargue en demasía.
Y bien, ahora resulta que los senadores Enrique Bacchetta (ANR, Añetete) y Lilian Samaniego (ANR, independiente) objetan la confiabilidad del voto electrónico, en tanto que el senador Fernando Lugo (FG), así como las diputadas Celeste Amarilla (PLRA) y Kattya González (PEN), sostienen que la licitación pública internacional convocada para alquilar 15.000 máquinas está amañada. Por si acaso, la senadora Desirée Masi (PDP) apela a ambos argumentos, al igual que su colega Juan Carlos Galaverna (ANR), Añetete), que al menos es coherente en el sentido de que se opuso al desbloqueo desde un principio.
De hecho, la demora que se está dando apunta a frustrar el desbloqueo, aunque más no sea, por de pronto, en las elecciones internas partidarias del 12 de julio de 2020. El asesor de la Justicia Electoral Carlos María Ljubetic cree que las elecciones municipales del 8 de noviembre del mismo año podrían realizarse sin las urnas electrónicas, que ya fueron usadas entre 2001 y 2006, sin que hubiera mayores cuestionamientos. Como reaseguro, emitirán una boleta, cuyos resultados deberán coincidir con los del conteo manual y el escrutinio podrá ser público y fiscalizado.
Quienes agitan el espantajo del fraude entraron en pánico al advertir de pronto que la libertad del elector podría arruinar lo invertido para tener un buen lugar en una lista de candidatos en los comicios internos partidarios previos a los generales de 2023. De eso se trata y no precisamente de transparencia electoral.
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A la misma conclusión llegaron quienes se valen del pretexto de que el proceso licitatorio estaría viciado, como es el caso de la legisladora liberal Amarilla, que había tenido a bien revelar que su escaño por Asunción le costó doscientos mil dólares. Hay una creencia generalizada de que las urnas electrónicas son de fiar, y de que la denuncia de favoritismo hecha por una de las firmas oferentes es infundada. La alarma provendría, más bien, de quienes están habituados a figurar en los primeros lugares de las “listas sábana”, gracias a su poder político o a su dinero. Si, tal como se ha anunciado, la DNCP resuelve hoy de una vez por todas esta lamentable cuestión que a tantas suspicacias se presta, el cronograma electoral no será afectado y la ciudadanía podrá liberarse por primera vez, en alguna medida, del corsé que supone una “lista sábana”.
Solo dieciocho senadores y cuatro diputados asistieron a la reunión convocada por la Mesa Directiva del Senado, para escuchar al jefe de la DNCP, Pablo Seitz, y a los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), acompañados de altos funcionarios. Es evidente así que la gran mayoría de los legisladores ya tiene una inconmovible opinión formada al respecto o estima que el tema es irrelevante. En la ocasión, el presidente del TSJE, Jaime Bestard, reafirmó que ciertos sectores políticos no identificados impugnan la licitación pública internacional solo para impedir el desbloqueo. Corrió la versión de que el propio titular del Poder Ejecutivo, Mario Abdo Benítez, había inducido la suspensión, considerando que connotados integrantes del sector partidario que lidera se oponen al empleo de las urnas electrónicas. Sin embargo, el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor, aseguró que el jefe de Estado apoya el desbloqueo y el uso de las máquinas de votación.
Lo ocurrido en estos últimos días es muy llamativo. Más allá de la decisión en sí de la DNCP, los dichos del presidente del TSJE y la abierta intervención de ciertos parlamentarios opuestos al voto electrónico, esto es, al desbloqueo, han dado pie a que se tema lo peor. Eso de que las urnas pueden ser “hackeadas” hasta por un niño de diez años, según el senador Juan Carlos Galaverna (ANR), no supera el nivel de un disparate, y las pruebas de que la licitación pública internacional esté amañada brillan hasta ahora por su ausencia.
Si se puede tener una certeza en este asunto es que los beneficiarios de las “listas sábana” están muy preocupados, no tanto por el riesgo de fraude que impliquen los aparatos previstos o por la inminencia de que se perpetre un gran negociado, sino por la probabilidad de que su futuro político o el de sus allegados sea puesto en peligro por el voto preferencial. Varios de ellos se arrepintieron de haber puesto en manos del elector un arma que, bien empleada, puede contribuir a depurar los órganos colegiados, empezando por el Congreso. Ya no podrán confiar en que las sumas multimillonarias que destinan a la compra de uno de los primeros lugares de una “lista sábana” que compita en los comicios internos partidarios les garantice conquistar una banca, hasta el punto de cruzarse de brazos en las elecciones generales o municipales. Tendrán que esforzarse en ellas para no ser desplazados por sus propios compañeros de lista, lo que conllevaría un sacrificio monetario aún mayor. De eso se trata, en última instancia. La posibilidad de ir a la llanura saca de quicio a muchos legisladores.