El 3 de mayo de 2018, el agente fiscal Manuel Doldán pidió, con carácter urgente y a instancias del juez federal brasileño Marcelo da Costa Bretas, que se libre una orden de captura internacional contra el “hermano del alma” Darío Messer, porque habría intervenido en una amplia maniobra de ocultación de divisas y lavado de dinero transnacional. Desde entonces, el Ministerio Público poco o nada hizo con respecto al “cambista de cambistas” y a sus aliados locales, incluso tras recibir las conclusiones de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), que involucran al expresidente Horacio Cartes, a ex altos funcionarios y a dueños de casas de cambio en los hechos punibles atribuidos a Messer. Según afirmó el juez brasileño al disponer la detención, el naturalizado paraguayo siguió delinquiendo desde nuestro país, donde residía desde 2011.
La agente fiscal Liliana Alcaraz sostuvo que la CBI no había aportado nada nuevo, lo que plantea la cuestión de por qué el Ministerio Público no se ocupó de investigar a los indiciados. ¿Es que esos hallazgos fueron fantasiosos? Sobre al menos dos de los allí mencionados –Horacio Cartes y Lucas Mereles– pesa hoy la orden de prisión preventiva dictada por la Justicia Federal brasileña. De hecho, a nadie preocupaban las andanzas de Messer en nuestro país, ni antes ni después de librarse la orden de captura internacional. Solo cuando se publicó el insólito episodio de la presencia de Messer en una escribanía de Salto del Guairá para otorgar poder a una abogada, el Ministerio Público allanó dicha escribanía, con ningún resultado, como era de esperar.
Con todo, al menos en abril de 2018, el Ministerio Público ya pudo haber tenido alguna idea sobre sus actividades, al recibir el informe del Banco Nacional de Fomento (BNF) sobre las operaciones sospechosas de Messer, que la Seprelad, a cargo de Óscar Boidanich, tuvo en sus manos desde 2015. La sospechosa actuación de este funcionario debe ser investigada. Y bien, la entidad dirigida por la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, sigue exhibiendo una curiosa indolencia, incluso luego de que salieran a la luz ciertas fechorías, gracias a pesquisas foráneas. Parece que un pesado lastre impide moverse al Ministerio Público y a sus agentes.
Por de pronto, se anunció que cinco agentes fiscales viajarán al Brasil para enterarse de las acusaciones que afectan a algunos compatriotas, o sea, para tomar nota de lo que aquí habrían perpetrado mientras todo el mundo hacía la vista gorda. Deberían avergonzarse ante sus colegas del país vecino, sobre todo luego de leer en el relatorio del Ministerio Público Federal, que Horacio Cartes estuvo “alineado a la organización criminal brasileña” mientras gobernaba y que hoy, fuera del cargo, “tendrá mucha mayor facilidad para seguir financiando, con su enorme poder económico, y orquestando, con su no menor poder político, para que las autoridades de investigación no lo alcancen y tampoco lo hagan con su ‘hermano del alma’”. Los viajeros pueden sentirse aludidos por la referencia a las “autoridades de investigación”, que durante un año y medio prácticamente se cruzaron de brazos en torno a este mayúsculo escándalo internacional. Por cierto, tendrán el descaro de pedir la ayuda brasileña para que se les abran los ojos sobre hechos ocurridos ante sus narices en nuestro territorio, olvidando que el Paraguay no habría respondido al pedido de cooperación en varios operativos relacionados con presuntas organizaciones delictivas que aquí actúan.
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La visita anunciada servirá para ganar algún tiempo –para esconder evidencias u organizar algún escape– y analizar las reacciones locales, sopesando los factores jurídicos y de otra índole para decidir el curso de acción. Los investigadores brasileños se estarán preguntando, además, si sus colegas paraguayos no se conectan con los medios de comunicación ni con las redes sociales.
El Ministerio Público también solicita un poco de tiempo para entregar al juez penal de Garantías Humberto Otazú las pruebas que tiene contra los acusados Ilan Grinspun y Juan Pablo Jiménez Viveros, que el 8 de mayo de 2018 –hace un año y medio–, cuando ya se había librado la orden de captura internacional y aún no se había abierto investigación alguna, trataron de retirar del BNF unos 2.000 millones de guaraníes de una de las firmas de Messer. Hizo demasiado poco, casi nada, atendiendo las dimensiones de la trama montada en nuestro país para que el “brasiguayo” prosiga durante años sus operaciones delictivas y se fugue cuando un juez federal brasileño ordenó su aprehensión.
La organización criminal de la que se habla en el relatorio manejaría millones de dólares provenientes de delitos tales como el tráfico de drogas y de armas. Como tiene un gran poder económico e incluso político, es preciso que la Fiscalía General del Estado dé, por fin, las muestras de coraje y de honestidad requeridas para enfrentarla, “caiga quien caiga”.
En lo que a esta gravísima cuestión respecta, Sandra Quiñónez ha defraudado la expectativa generada en la ciudadanía, siendo de esperar que instruya a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción que se ocupe de una vez por todas de investigar a cada una de las personas mencionadas por la CBI, como presuntas partícipes en operaciones delictivas de vastas proporciones. Es necesario que se haga justicia, que se deslinden responsabilidades y que se limpie el nombre del país, empezando por el del propio Ministerio Público.