La ocasión no debe desaprovecharse. Es inmejorable para limpiar la Municipalidad de Asunción de sus sucias y viejas lacras, ya que la institución se ha caracterizado tradicionalmente por la corrupción, la inutilidad y el clientelismo. Al parecer, más que por un ajuste de cuentas de grupos politiqueros que por una campaña moralizadora, ahora saltaron a la luz las repugnantes prácticas que eran “vox populi”, pero que nadie se animaba a denunciar, tal vez porque la mayoría de quienes están enchufados en la Comuna forman parte de la podrida maquinaria de corrupción.
El decepcionante Mario Ferreiro fundó su dimisión –aceptada con prontitud por los concejales– en la necesidad de “precautelar el correcto funcionamiento de una ciudad” que no merecía, a su juicio, una intervención “despiadada”. En verdad, bien puede suponerse que él no deseaba esa eventual medida de la Cámara de Diputados, pues podría haber revelado irregularidades aún mayores que las que han venido saliendo a la luz durante su pésima gestión. Su renuncia fue aceptada por los 17 ediles presentes, en tanto que su reemplazante Óscar Rodríguez (ANR), quien presidía la Junta Municipal y concluirá el mandato dentro de un año, fue electo por decisión unánime de los 14 ediles que emitieron un voto secreto. Valga el dato para ilustrar que en la Junta Municipal hay un sólido bloque multicolor que cooperó con Ferreiro desde un principio, de acuerdo a la consabida regla del “do ut des” (doy para que me des).
Por tanto, es comprensible que el flamante Lord Mayor interino haya dicho que debería ser la Justicia la encargada de establecer si su antecesor incurrió en alguna corruptela. En otros términos, ni él ni el bloque referido están interesados en hurgar en los papeles de la Municipalidad y sanearla, por la simple razón de que habrían estado implicados en licitaciones fraudulentas, concesiones ilícitas o tráfico de influencias. No tendrían vocación de suicidas como para investigarse a sí mismos y ponerse una soga al cuello. ¿Acaso el veterano concejal Augusto Wagner (PLRA), por ejemplo, querría saber algo más acerca de supuestas prácticas delictivas o sobre el feroz clientelismo allí imperante, con la correlativa repartija de cargos de acuerdo al célebre “cuoteo”? Mueve a risa que el hoy intendente Rodríguez haya anunciado que se van a “redireccionar los bonos y otros recursos neta y exclusivamente para obras”, como si él y sus compinches no hubieran aprobado los proyectos de presupuesto de la Intendencia, que incluían también el endeudamiento para que sus respectivas clientelas ganen mejor a costa de los actuales y futuros contribuyentes. Más aún, como si no hubieran derrochado el dinero público en excursiones al exterior ni, sobre todo, en el mantenimiento de unos 1.200 funcionarios –casi todos superfluos– en la propia Junta Municipal.
Este personaje, expulsado ahora del “cartismo”, empezó tomando por idiotas a los sufridos pobladores de Asunción y hará todo lo posible para que la basura aún oculta no salga a la luz. Se debe a sus socios y a sí mismo, es decir, a los corresponsables de un desastroso Gobierno municipal, antes que a quienes les pagan el sueldo. Según él, las calles, la basura y el tránsito caótico “son tres prioridades de la ciudadanía entera y todos sabemos cuál es la problemática de Asunción”. Cabe preguntarle: ¿por qué no se preocupó antes por solucionar esos problemas? Si él y sus colegas lo sabían, algo tendrían que haber hecho para atender esas “prioridades” en los últimos cuatro años. Olvidó señalar que la problemática de fondo es que el Gobierno municipal ha estado y seguirá estando en manos de ineptos o corruptos de marca mayor. El concejal José Alvarenga (ANR) debe admitir que fue bastante ingenuo al presentar en agosto último un pedido de intervención que, obviamente, fue rechazado, en tanto que el hoy intendente fue muy sincero al menos cuando señaló que no pretende hurgar en la suciedad administrativa.
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Así las cosas, el Ministerio Público puede hacer un gran favor a los asuncenos e investigar de oficio todas las corruptelas que se han conocido en los últimos tiempos, dado que el art. 5º de su ley orgánica le obliga a actuar “de oficio, sin necesidad de solicitud o impulso”, en los casos de hechos punibles de acción pública; en ellos, continúa diciendo la norma, la persecución penal debe ser “promovida inmediatamente después de la noticia de la comisión”. Son varios los hechos de esa índole ocurridos en la Municipalidad de Asunción, de los que la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción tuvo noticia, sin que los haya perseguido. Para no ir más lejos, basta con recordar los sobornos negociados por teléfono en torno a las casillas de la Avenida Quinta o la presunta sobrefacturación de la inservible bicisenda. El Ministerio Público no debe detenerse, pues, en la imputación a seis allegados a Ferreiro, entre ellos dos sobrinos suyos, que habrían traficado con influencias, un delito en el que habría mucha tela que cortar. La “recaudación paralela” sería mucho más extensa de lo que hasta ahora se sabe, según surge de las declaraciones del encausado exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Camilo Soares (“yo le pido a la Corte Suprema de Justicia que investigue la cuestión tributaria, porque allí hay un gran negociado”), y de su exadministrador, Alfredo Guachiré (“El esquema es mucho más grande; hay más negociados y se irán descubriendo más cosas”). O sea que el Ministerio Público tiene mucho que hacer, cuanto antes.
También es bueno que intervenga, en el ámbito de su competencia, la Contraloría General de la República, que hace poco objetó el sistema de gestión tributaria, que su exjefe, el hoy procesado Enrique García, había consentido, tras ejercer la asesoría jurídica municipal. Debe apresurarse a examinar los libros, registros y documentos contables de la Municipalidad capitalina, así como revisar y evaluar la calidad de su auditoría interna, de modo que si constata una grave irregularidad en la ejecución del presupuesto o en la administración de los bienes, la denuncie ante el Ministerio Público y la Cámara de Diputados disponga la intervención.
En síntesis, no hay motivo alguno para que la ciudadanía se quede satisfecha solo con la renuncia de Ferreiro. Al contrario, debe hacer fuerzas para que los órganos estatales pertinentes se ocupen con rapidez y seriedad de lo que parece ser un vasto antro de corrupción desaforada.