El presidente Mario Abdo Benítez afirmó días atrás que el año que fenece fue “difícil para nuestro pueblo, para la política”. No le faltó razón, pues han sido muchas las situaciones –algunas nuevas y otras ya duraderas– que afectaron seriamente el bien común, sin olvidar que hubo otras que alientan la esperanza de que se vaya imponiendo la justicia, gracias a la vigilancia ciudadana.
En verdad, fue un año muy difícil para el Jefe de Estado, principalmente a raíz del Acta Bilateral entreguista firmada con la Cancillería brasileña, que lo puso al borde de un juicio político. El documento acabó siendo revocado debido al fuerte rechazo que generó en la opinión pública. Sorteó la crisis gubernativa gracias a un contubernio con su antecesor Horacio Cartes, urdido en buena medida por el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quien aparece como uno de los gestores de hecho del infame documento, junto con el supuesto abogado José “Joselo” Rodríguez González. Se temió que el salvavidas arrojado conllevaría una suerte de “cogobierno”, favorable a la impunidad y contrario a la investidura presidencial. Pero los principales reclamos cartistas en cuanto a la composición del Gabinete y a otros cargos no fueron atendidos, para lo que contribuyó, sin duda, el debilitamiento de la figura de Horacio Cartes tras una acusación de la Fiscalía brasileña por su presunto involucramiento con su “hermano del alma” Darío Messer, el “doleiro dos doleiros”, hoy detenido en su país en el marco de la gigantesca investigación del lavado de dinero conocida como “Lava Jato”.
El nombre del Paraguay volvió a correr por el mundo debido al sórdido asunto de que un expresidente de la República habría protegido a un “pez gordo” internacional. La imagen del país también fue afectada cuando el Departamento de Estado norteamericano prohibió que el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y el exsenador y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Óscar González Daher visiten su país por haberse implicado en “significativos hechos de corrupción”, si bien todas estas medidas fueron bien recibidas por la opinión pública nacional.
En los casos de estos dos personajes, el Ministerio Público fue mucho más diligente que en el de Cartes-Messer. También lo fue con relación al diputado Ulises Quintana (ANR), quien hoy sufre prisión preventiva, pese a la solidaridad brindada por el senador Enrique Bacchetta (ANR), presidente del JEM, y otros altos exponentes colorados. A diferencia de la Cámara Baja, tan renuente para expulsar a sus miembros indignos, el Senado privó de sus bancas, por buenas razones, al condenado Víctor Bogado, a Dionisio Amarilla y a Paraguayo Cubas.
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Algo se ha hecho, pues, para depurar el pútrido ambiente político, pero, desde luego, al Ministerio Público y a la Justicia aún les resta mucho por hacer. Nada se sabe, por de pronto, de las pesquisas que debieron haberse iniciado ante la denuncia de la Contraloría General de la República con respecto a las presuntas falsas declaraciones juradas de bienes y rentas de los ministros del Poder Ejecutivo Eduardo Petta, Carla Bacigaluppo, Dany Durand, Mario Varela y Nilda Romero.
A propósito de las declaraciones juradas, los legisladores siguen negándose a que la ciudadanía pueda conocerlas sin previa orden judicial, dando la fuerte impresión de que tienen mucho que ocultar. Tampoco quisieron transparentar el financiamiento de las campañas electorales, acaso por motivos similares. En lo que sí se mostraron presurosos es en satisfacer los reclamos salariales de la clientela ubicada en el Presupuesto, a costa de los gastos de inversión. Total, pueden reforzar la carga impositiva de los contribuyentes habituales, aunque ello acentúe una desaceleración económica, como la de este año. En eso de dar el gusto al funcionariado y a los docentes fueron de lo más expeditivos, pensando también en los próximos comicios municipales.
Por cierto, en esas cercanas elecciones el votante debería prestar mucha mayor atención que hasta ahora para no reelegir a tantos corruptos que, entre otras cosas, se vienen enriqueciendo con los recursos del Fonacide. La renuncia del intendente de la capital, Mario Ferreiro, fue provocada por la misma corrupción rampante que reina en la gran mayoría de las 255 municipalidades.
En fin, fue un año de luces y sombras. Es de desear que se haga realidad el reciente deseo del Primer Mandatario de que se logre el fortalecimiento institucional, con una Justicia independiente y valiente, donde acabe la impunidad. Esto implicará que a los logros mencionados se sumen otros en el ámbito de la Justicia para ir acorralando a los sinvergüenzas en sus guaridas, de modo que vayan perdiendo fuerza y la corrupción sea cada vez menos rentable. Es lo que deseamos para que todos podamos tener un mejor año 2020.