¿Quiénes serán los cuatro jinetes del Apocalipsis en Itaipú?

Un decreto del Poder Ejecutivo dispuso que el equipo negociador para la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú estará integrado por cuatro miembros, por igual cantidad de instituciones, que tendrán la misión de representar la voluntad soberana del pueblo paraguayo en el crucial desafío de negociar con las autoridades brasileñas el rescate de la igualdad de derechos consagrada en el Artículo III del Tratado, pero arbitrariamente hipotecada por medio siglo debido a abusos financieros que terminarán cuando Itaipú cancele su abultada deuda contraída con Eletrobras, el Tesoro brasileño y bancos de ese país, en 2023. No se descartaba que de nuevo aparezcan en escena para esta delicada ocasión personajes que no se destacaron por defender los intereses del país, sino todo lo contrario. Precisamente, la primera designación, para representar al Gabinete Civil de la Presidencia, lo hizo su titular, Juan Ernesto Villamayor, recayendo en el Ing. Héctor Richer, consejero de Itaipú en la época en que se aprobó la deuda espuria atribuida al ente binacional, y recientemente defensor del Acta Bilateral, repudiada por la opinión pública.

A estar por lo dispuesto en el art. 2° del Decreto N° 3173/19, el equipo negociador para la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú estará integrado por cuatro miembros, quienes, como los metafóricos jinetes del Apocalipsis bíblico, tendrán la misión de representar la voluntad soberana del pueblo paraguayo en el crucial desafío de negociar con las autoridades brasileñas el rescate de la igualdad de derechos consagrada en el Artículo III del Tratado, pero arbitrariamente hipotecada por medio siglo debido a abusos financieros que terminarán cuando Itaipú cancele su abultada deuda contraída con Eletrobras, el Tesoro brasileño y bancos de ese país en 2023, o un poco antes.

El cuarteto negociador paraguayo se compondrá de un representante, cada uno, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

A su vez, este equipo negociador contará con el apoyo de cuatro grupos de trabajo: Técnico, Comercial, Económico y Jurídico. Cada uno estará conformado por una muchedumbre de representantes de diferentes reparticiones públicas. Tendrán el asesoramiento técnico del doctor Jeffrey D. Sachs, quien, curiosamente, es consignado como “honorífico”.

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A priori, un detalle que llama poderosamente la atención es el capitis diminutio de origen de los ciudadanos designados para tan alta y delicada misión, pues, en vez de ser nombrados por el Presidente de la República, lo serán por simple “Resolución de la Máxima Autoridad de cada Institución”. En todo caso, más razonable hubiese sido que los miembros del equipo negociador fueran directamente los titulares de las reparticiones estatales, en vez de subalternos de los mismos. No resulta fácil entender el motivo que indujo al presidente Mario Abdo Benítez para disponer una medida tan poco ortodoxa al respecto. Prima facie, pareciera que busca asegurarse de que eventualmente, ante cualquier metedura de pata de los mismos –o de algunos de ellos–, pueda esquivar el bulto alegando no haberlos escogido personalmente, haciendo así recaer la culpa en los subalternos de segundo y tercer nivel jerárquico de quienes los designaron. Imaginemos, por ejemplo, al titular del Gabinete Civil, Juan Ernesto Villamayor, que dirige una dependencia meramente administrativa de la Presidencia, que está lejos de equivaler a los “jefes de Gabinetes” de otros países, designando a uno de sus funcionarios.

Sin embargo, lo más importante no son las instituciones que designarán a los cuatro negociadores, sino los funcionarios –o personas– propuestos por las “máximas autoridades” de las mismas como integrantes del equipo negociador paraguayo. El decreto presidencial de referencia tampoco establece que los mismos serán propuestos ad referéndum del Presidente de la República, vale decir, que pudieran eventualmente ser rechazados por el Ejecutivo, lo cual ya configuraría una crisis de credibilidad en la gestión de los jefes de las instituciones involucradas, quienes en ese caso deberían ser apartados de sus cargos por su error. Pues bien, el viernes ya tuvimos la primera designación, realizada precisamente por Juan Ernesto Villamayor, quien escogió para representar a la dependencia que dirige nada menos que al Ing. Héctor Richer, exconsejero de Itaipú Binacional en 1997, cuando se aprobó la famosa “deuda espuria” adjudicada al ente en forma ilegal, según consideran técnicos compatriotas. Este mismo personaje se erigió recientemente en uno de los defensores de la famosa Acta Bilateral, suscrita con el Brasil, que fue dejada sin efecto por el Gobierno paraguayo tras el rechazo generalizado de la ciudadanía, por entregar porciones de nuestra soberanía al vecino país. El lector puede sacar sus conclusiones sobre la garantía que ofrecerá el mismo como negociador paraguayo para esta crucial ocasión.

De hecho, la modalidad de escogencia de los metafóricos cuatro Jinetes paraguayos de cara al Apocalipsis en que podría convertirse la negociación con el Brasil en Itaipú, es asaz curiosa, por decir lo menos, e induce a que la preocupación ciudadana se exacerbe y surja sospecha de que por detrás de las teatrales condiciones de designación se esconde la secreta intención del presidente Mario Abdo Benítez de volver a engañar al pueblo paraguayo acerca de sus verdaderas intenciones, como ya lo hizo con la mencionada Acta Bilateral.

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Desde luego, como ya ocurre con el Ing. Richer, no se descartaba que de nuevo aparezcan en escena para esta delicada ocasión otros personajes que no se destacaron precisamente por defender los intereses del país, sino todo lo contrario, como los negociadores de la nefasta NR/92 en Yacyretá, rechazada por el Congreso paraguayo en su oportunidad, como Alcides Jiménez, Ricardo Rodríguez Silvero y otros; o Ángel María Recalde, el excanciller Eladio Loizaga y Juan Carlos López Moreira, impulsores de la desastrosa renegociación del Anexo C del Tratado de Yacyretá y del leonino Acuerdo Cartes-Macri. No se puede olvidar a la caterva de obsecuentes directores paraguayos que han desfilado por Itaipú Binacional en el casi medio siglo de existencia de la central hidroeléctrica, como el exdirector general Luciano Jiménez (responsable también de avalar el reconocimiento de la mencionada “deuda espuria” de más de US$ 4.000 millones por parte del Gobierno de Juan Carlos Wasmosy) y el recientemente destituido sempiterno director técnico José Sánchez Tillería, por citar solo a algunos de los muchos que han formado parte de la plantilla de funcionarios entreguistas de los intereses paraguayos en las entidades binacionales.

Si así fuere, el presidente Mario Abdo Benítez puede tener la seguridad de que no evitará un juicio político aunque lo defiendan todos los colorados “seccionaleros” de la República, porque no debe descartarse que el pueblo se vuelque a las calles para pedirle cuentas por su accionar.

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