Es sabido que, en gran medida, las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá gozan de virtual “extraterritorialidad” en cuanto a la administración de sus recursos humanos y materiales. Es decir, funcionan como si fueran entidades soberanas, ajenas al Estado paraguayo y, en particular, a los Poderes Legislativo y Ejecutivo. De hecho, también escapan a la fiscalización de la Contraloría General de la República, de modo que sus directores y consejeros actúan con bastante discrecionalidad, aunque sean nombrados por el jefe del Ejecutivo, con el acuerdo del Senado, en el caso de los primeros. En lo esencial, actúan al margen de la legislación paraguaya, tanto que, entre otras cosas, tienen un régimen salarial distinto al vigente en el país y no se rigen por la Ley de Contrataciones Públicas. Hay una ley, la 4758/12, que asigna los recursos provenientes de la compensación por cesión de energía que paga Brasil al Paraguay por aprovechar parte de su energía en Itaipú, al Fonacide, y otra que distribuye parte de los provenientes de ambas usinas hidroeléctricas a los Gobiernos departamentales y municipales. Conste que la opinión pública no puede tener la certeza de que los montos entregados respondan efectivamente a los generados, pues las citadas leyes se limitan a establecer porcentajes.
Pero más allá de todo lo señalado, lo que importa subrayar es que los directores, sobre quienes ni siquiera los consejeros ejercen un control real, tienen una amplia libertad para gestionar a su antojo los recursos humanos y materiales incluidos en un cuantioso Presupuesto, que no forma parte del nacional. Un elocuente ejemplo, muchas veces referido, es el de los llamados “gastos sociales”, que los directores reparten como les da la gana, esto es, según criterios políticos que muchas veces poco o nada tienen que ver con el interés general.
Frente a estas realidades, cabe preguntar: ¿Cómo es posible que los Poderes del Estado nada tengan que ver –institucionalmente– con la asignación de los fondos que generan esas entidades? Claro que el Presidente de la República o algún legislador pueden pedir a Nicanor Duarte Frutos o a Ernst Bergen que destinen fondos para atender cierta cuestión que ellos crean de extrema relevancia, pero tamaña informalidad nada tiene que ver con una política de Estado reflejada en el Presupuesto nacional. Implica la pura arbitrariedad, como si las entidades binacionales fueran una suerte de “cajas chicas” para satisfacer necesidades a ser atendidas según el simple criterio de algún personaje influyente o de los propios directores. En numerosas oportunidades ya se han publicado listas en las que aparecen muchos destinatarios de fondos, que están lejos de ocuparse de necesidades prioritarias para el país.
El uso del dinero que administre con exclusividad el “lado paraguayo” no debe escapar a las decisiones de las autoridades nacionales electas ni al examen de la Contraloría. En tal sentido, no hay razón alguna para que los funcionarios de las usinas hidroeléctricas perciban salarios tan exorbitantes, al punto de que el presidente Mario Abdo Benítez creyó oportuno que, al menos en estas graves circunstancias, dejen de percibir unos ingresos mensuales que, en algunos casos, hasta triplican el suyo. Como se sabe, expresó su “profunda decepción” ante la amenaza de paralizar la represa proferida por sindicalistas de Itaipú Binacional ante la decisión de que los salarios de las entidades binacionales sean temporalmente reducidos y de que el tope salarial sea de 37 millones de guaraníes mensuales, equivalente al sueldo del Jefe de Estado. En efecto, que este perciba solo poco más que el chofer del titular paraguayo de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, es un signo elocuente de la escandalosa distorsión en esta delicada materia. Cabe recordar también el principio de igualdad consagrado en la Constitución, según el cual “corresponde, básicamente, igual salario por igual trabajo”. La ley fundamental obliga a los funcionarios de las entidades binacionales a presentar sus declaraciones juradas de bienes y rentas, de modo que mal pueden venir con el cuento de que el referido principio no rige para quienes moran en esos “pseudoestados”. Por lo demás, la Carta Magna prevalece sobre los respectivos tratados, si es que a los privilegiados se les ocurre invocarlos.
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Es bueno, entonces, que la diputada Kattya González (PEN) haya presentado un proyecto de ley para incorporar al Presupuesto nacional los ingresos generados por las dos usinas hidroeléctricas y, en particular, incluir a los funcionarios de la “margen paraguaya” en la matriz salarial del sector público. De acuerdo a la iniciativa, se dejarían sin efecto los contratos colectivos allí vigentes, quedando obligadas las autoridades compatriotas a presentar al Ministerio de Hacienda sus anteproyectos de Presupuesto. No costaría mucho, según la diputada, realizar adendas o modificaciones al Tratado, en cuanto a la administración de los recursos prorrateados. En vista de que el Presidente de la República pidió una revisión del convenio colectivo vigente en Itaipú Binacional, si el proyecto se convirtiera en ley, ya habría de hecho una orden al respecto. Así como están las cosas, esas entidades han venido siendo demasiado apetecibles para los gobernantes de turno, tanto por la posibilidad de premiar a los “amigos” con cargos sumamente rentables, como también, gracias a la falta de control existente sobre sus recursos, para generar fondos destinados a campañas electorales.
Ahora que hasta se habla de la reforma del Estado, es preciso corregir también, de una vez por todas, el intolerable funcionamiento paraguayo de las entidades que manejan las represas de Itaipú y Yacyretá. Debe resultar claro que están sometidas a nuestra legislación y, en especial, a la Ley del Presupuesto General de la Nación. En tal sentido, también conviene que la nueva Ley de la Función Pública regule explícitamente, además, la situación jurídica de los funcionarios compatriotas, de modo que no sigan siendo aún más privilegiados que sus colegas comunes y corrientes. En suma, ambas entidades binacionales deben dejar de operar como si fueran dos Estados independientes.